La inmigración se mantiene como uno de los grandes retos que han de afrontar los países desarrollados. En el caso de España, la difícil situación personal y económica en la que llegan muchos de ellos hace especialmente complicada su integración en la sociedad y, además, las obliga a vivir hacinados.
Si el acceso a la vivienda es difícil para muchos españoles en las ciudades más tensionadas de nuestro país como Madrid o Barcelona, en el caso de los inmigrantes lo es aún más. De hecho, la población de origen inmigrante tiene más probabilidades de residir en viviendas sobreocupadas.
Así, el 13,2% de la población de origen extranjero en España residía en viviendas sobreocupadas en 2018, frente al 3,2% de la población autóctona, según recoge el Observatorio Social de La Caixa en su número de octubre enfocado en la inmigración.
Se considera que una persona vive en un hogar sobreocupado si este no tiene a su disposición una habitación para la socialización, una por cada pareja, otra para cada soltero de deciocho y más años, una para cada par de solteros del mismo sexo entre los 12 y los 17 años, una para cada soltero de sexo distinto entre los 12 y los 17 años, y una habitación por cada par de niños menores de doce años, según indica el Observatorio.
Además, este hecho se hace especialmente duro al conocer que el 30,4% de la población de origen extranjero vivía en hogares en los que los gastos de vivienda (hipoteca o alquiler) superaban el 40% de la renta disponible, según los datos de Eurostat referentes a 2018. Este porcentaje bajaba al 5,3% en el caso de los españoles.
Integrados, pero pobres
De puertas para afuera, la sociedad española considera que los extranjeros están asentados en nuestro país. En 2017, siete de cada diez españoles consideraban que la integración de los inmigrantes era generalmente satisfactoria, un porcentaje muy superior a la media de la Unión Europea (UE).
Sin embargo, hay más indicadores dentro del Observatorio Social de La Caixa que muestran las dificultades por las que pasan los inmigrantes. En 2018, una de cada dos personas de origen extranjero en España estaba en riesgo de pobreza o exclusión social. En concreto, el 48,3% de los individuos de origen extranjero de entre 25 y 54 años, también muy por encima del 32,3% de media en la UE.
La renta mediana equivalente de los individuos nacidos en el extranjero era un 37,8% más baja que la de los nacidos en España, entendiendo este concepto como el valor de renta que, ordenando a todos los individuos de menor a mayor ingreso, deja una mitad de los mismos por debajo de dicho valor y a la otra mitad por encima.
Resolver este problema resulta harto complicado cuando el 37,1% de la población ocupada de origen extranjero tenía contratos temporales y el 19,3% a tiempo parcial, 13 y 6 puntos más respectivamente que la población de origen autóctono.
Por no hablar de que la población extranjera con educación superior era 9,2 puntos inferior a la de la población autóctona. Con menor formación y empleo precario resulta harto difícil ese esfuerzo económico y combatir el hacinamiento de las familias en sus hogares.
Tal y como señala el presidente de la Fundación La Caixa, Isidro Fainé, en el Observatorio, “hay que procurar que la diversidad actual no conduzca a un aumento de la desigualdad”. “Debemos tener en cuenta que una parte importante de los nuevos vecinos disponen de menos recursos económicos y educativos, y esta carencia los hace vulnerables al riesgo de exclusión social, apunta. Por eso, asegura, “el reto consiste también en integrar culturas, lenguas y religiones; es decir, se trata de un reto sobre todo cívico y educativo”.
La población extranjera en España ascendía a 6.539.656 personas el 1 de enero de 2019, según datos de Eurostat. Las diez principales procedencias: Marruecos (751.747), Rumanía (587.654), Colombia (431.068), Ecuador (411.897), Venezuela (311.261), Reino Unido (290.601), Argentina (272.753), Perú (216.774), Francia (211.973) y Alemania (192.247).