Cuando parecía que todo se rompía, Unidas Podemos cedió en algunas formas y el PSOE dio pasos adelante en algún contenido. La negociación entre los enviados de Pablo Iglesias y José Luis Ábalos, estancada desde hace días, avanzaba "sustancialmente" el martes por la mañana. Este miércoles podría anunciarse oficialmente el acuerdo sobre el real decreto conjunto entre el Ministerio de Transportes y el de Derechos Sociales.

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Se cumplirá así el encargo del presidente Pedro Sánchez. El líder del PSOE dio este paso para lograr que su socio morado retirara la enmienda "traicionera, que había sido presentada con nocturnidad y alevosía" de la mano de ERC y Bildu. Así la describen desde el lado socialista del Ejecutivo.

La iniciativa en la que Iglesias embarcó a los independentistas tenía tres objetivos: presionar al PSOE para lograr la medida, cimentar su otra coalición -la que une a republicanos, bildutarras y morados- y terminar de hacer visible que la izquierda separatista está "en la dirección de Estado". Pero en el PSOE, aun acordando, siguen escociendo esos movimientos de Iglesias, a quien cada vez más socialistas esperan a la vuelta de un error.

Tortas en el Congreso

Las tensiones se mascaban en el patio del Congreso este martes, mientras se debatían las partidas de los Presupuestos de 2021 ministerio a ministerio. Había intervenciones de socialistas con indirectas hacia Unidas Podemos, pero sobre todo las había de los morados atacando con dureza a miembros del Gobierno del PSOE.

Pero como ya se habían cumplido todos los objetivos de la enmienda, el artefacto en sí sobraba. El decreto necesitaba "relajar el campo de la negociación" para avanzar, explicaban fuentes de Unidas Podemos a este periódico. Y después de cuatro días de presiones, Iglesias consiguió que Gabriel Rufián y Mertxe Aizpurua aceptaran matar la iniciativa. Aunque mantienen sus enmiendas particulares "para presionar desde fuera".

Oskar Matute y Mertxe Aizpurua (Bildu), Jaume Asens (Unidas Podemos) y Gabriel Rufián y Carolina Telechea (ERC). Efe

Y una vez que se le dio ese espacio a la negociación. Ione Belarra, secretaria de Estado de la Agenda 2030, y David Lucas, secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, se reunieron más de tres horas y avanzaron en cuatro puntos.

Los puntos acordados

Para empezar, el decreto que prohibirá los desahucios y los cortes de suministros reconocerá la vulnerabilidad preCovid. Es decir, las unidades de convivencia que tuvieran un procedimiento abierto antes de marzo y éster se viera suspendido por el primer estado de alarma, lo mantendrán paralizado hasta el 9 de mayo, el fin de esta tercera alarma.

Por otro lado, las familias podrán ser reconocidas como vulnerables por iniciativa de los servicios sociales del Ayuntamiento o la CCAA. A requerimiento del juez encargado del procedimiento, "no se suspenderá, simplemente se paralizará el procedimiento", tal como explican las fuentes, y estas instituciones deberán examinar la situación de la familia afectada. "Si se les considera vulnerables, los servicios sociales deberán buscarle la solución habitacional", añaden las fuentes del Ministerio de Ábalos.

En tercer lugar, se reforzarán las medidas del Plan Estatal de Vivienda que daba recursos a las CCAA y ya han puesto en marcha algunas de ellas. Andalucía, Extremadura, Comunidad Valenciana y Murcia entre ellas, y las que se unan darán vivienda a las unidades familiares antes de que sean desahuciadas cerrando un círculo virtuoso: nadie sin techo, ningún propietario sin cobrar su renta.

Y en lo tocante a los desahucios por impago de hipoteca, las fuentes aseguran que la cobertura será la misma que la de los inquilinos de pisos arrendados. Fuentes de Unidas Podemos aseguran que éste "y que se vuelvan a prohibir los cortes de suministros" han sido los grandes escollos que frenaban el acuerdo.

Las cesiones

Ambos asuntos parecen solventados, y este miércoles se espera el anuncio del acuerdo, según confirman fuentes de ambos lados del Gobeirno. Si bien Ábalos ha abierto la mano a medidas que le costaba aceptar al equipo económico socialista, Iglesias ha tenido que ceder, y mucho, en el plazo que pretendía.

Las medidas no se irán hasta diciembre de 2022, sino que llegarán hasta el 9 de mayo, cuando termina el actual estado de alarma, "más allá de que se puedan renovar si es necesario", apuntan desde el Ministerio de Transportes.

Unidas Podemos sigue, en todo caso, apretando el acelerador. Y ya antes de tener todo el acuerdo cerrado en las oficinas de la Vicepresidencia segunda se redactaba un borrador de máximos para el decreto. Iglesias quiere que esté en la mesa del próximo Consejo de Ministros, el 8 de diciembre.