El Ministerio de Sanidad ha presentado el informe 2015-2024 sobre la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en el Consejo de Ministros de este martes.
El informe revela un crecimiento sostenido en el número de abortos realizados en centros públicos, aunque existen importantes desigualdades territoriales. De hecho, sólo cuatro alcanzan o superan el 75% de abortos voluntarios practicados en la sanidad pública.
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha señalado que "España ha avanzado desde el año 1985 con la primera ley de interrupción del embarazo. Pero a pesar de los avances, tenemos varios retos como es el acceso y homogeneización en todo el territorio porque hay grandes desigualdades".
De acuerdo con el análisis presentado, por encima del 60% de abortos voluntarios practicados en centros públicos están Cantabria (88,5%), Galicia (77%), La Rioja (76,1%) y Navarra (74,8%).
Entre el 20% y el 60% están Cataluña (55,1%), Islas Baleares (45,4%) y Canarias (28,6%). Por último, por debajo del 20% se sitúan Andalucía (0,2%), Comunidad de Madrid (0,47%), y ausencia total de IVE en centros públicos en Extremadura, Ceuta y Melilla.
"De todas estas regiones, hay dos que son las que engloban casi el 50% de todas las interrupciones voluntarias del embarazo: Andalucía y Madrid. Si ambas llegasen a las cifras de las regiones que van más adelantadas, los datos se darían la vuelta y se practicarían más abortos en la pública", ha avisado García.
A nivel nacional, en 2024, se realizaron 106.172 interrupciones voluntarias del embarazo en España. De estas, 22.563 (21,25%) tuvieron lugar en centros públicos, mientras que 83.609 (78,75%) fueron realizadas en centros privados.
"El informe recuerda por qué es clave que el aborto se lleve a cabo en la sanidad pública. Cuando a una mujer se la expulsa del SNS, tiene que buscar fuera una prestación que está en nuestra cartera de servicios y que es un derecho de las mujeres", ha añadido la ministra.
En este sentido, ha alegado que "queremos garantizar la libertad de elección de las mujeres. Esta decisión no puede depender del territorio donde se viva".
Y es que, en palabras de García, "integrar el aborto en la sanidad pública es posible y lo demuestran varias regiones. El reto es extender estas prácticas a las comunidades rezagadas para cumplir la ley".
Entre las principales medidas que resalta el informe figuran la implantación y actualización de los registros de objetores de conciencia en todas las comunidades autónomas y la presencia de equipos no objetores en todos los niveles del Sistema Nacional de Salud.
De hecho, la ministra ha lanzado un aviso a José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, y a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. "No vamos a permitir coacciones ni desinformación. La ley se cumple y vamos a usar todas las herramientas para que así sea".