En España se practicaron 106.172 interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) en 2024. En la última década no se había registrado una cifra tan elevada como la de este año, con un aumento del 12% con respecto a 2014.
El incremento porcentual es aún mayor si se compara con 2004, cuando se contabilizaron 84.985; es decir, en 20 años han aumentado un 24,9%. No se ha superado, eso sí, el dato más alto de este periodo, que es el de 2011 con 118.611.
Aquel año la tasa de IVE se situó en 12,44 por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 44 años. La segunda más alta es precisamente la de 2024, con 12,36, según el informe definitivo que el Ministerio de Sanidad ha presentado este miércoles.
A excepción del año de la pandemia (2020) y el siguiente, en la última década se ha registrado un incremento en la tasa de IVE similar al que se produjo desde 2004 hasta la aprobación de la Ley 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.
El ejemplo de Aragón
Para José C. Quílez, ginecólogo y presidente de la Sociedad Española de Contracepción (SEC), no hay un único motivo que explique la tendencia que se ha experimentado en los últimos años.
Una de las reclamaciones que han venido haciendo en este tiempo ha sido que se facilite desde el sistema público el acceso a los métodos anticonceptivos. Al haber "un porcentaje muy importante de mujeres que no los utilizan", recurren al aborto.
Otra de las posibles causas es que ha habido "una mejoría de los registros". En 2024 hubo un total de 248 centros notificadores de IVE, frente a los 200 de 2015.
Además, en las comunidades autónomas en las que el acceso a las interrupciones está más garantizado también se produce un aumento progresivo.
La única en la que se ha reducido la tasa de IVE en los últimos años ha sido Aragón, que ha experimentado un descenso porcentual de casi dos puntos entre 2015 y 2024.
A Quílez no le sorprende la excepción aragonesa ya que ha sido una de las primeras en llevar a cabo una apuesta importante por los métodos anticonceptivos reversibles de larga duración (LARC, por sus siglas en inglés).
Junto con la Comunidad Valenciana, la considera todo "un ejemplo a nivel nacional" al recurrir a estos métodos que minimizan los posibles errores a los que podrían llevar otros. "Son los más efectivos porque no hay que hacer nada para manejarlos".
Su inconveniente es que "se debe hacer una inversión" que aún no se ha llevado a cabo en todas las comunidades. Pero "si se consiguiera un acceso correcto, disminuiría mucho el impacto de las interrupciones", como demuestra el caso de Aragón.
78% en centros privados
En el otro extremo de la región aragonesa se encuentra Cataluña, con una tasa de 14,8 interrupciones por 1.000 mujeres. Le siguen Baleares y Madrid, con 13,8 y 13,5, respectivamente.
"Tanto Cataluña como Madrid siempre tienen cifras de IVE altas y es difícil que se corrijan en poco tiempo", señala Quílez, quien desconoce a qué puede deberse que entre ellas aparezca Baleares.
Esta última se encuentra, junto con Cataluña, en la lista de las seis comunidades que realizan más interrupciones en centros públicos que en privados.
La encabeza Cantabria, con un 88,49%, seguida de Galicia (77,02 %), La Rioja (76,11 %), Navarra (74,82 %), Baleares (61,30 %) y Cataluña (55,67 %).
Esta realidad que se contrapone con lo que sucede a nivel nacional: el 78,74% de los abortos voluntarios en 2024 se realizaron en centros privados, aunque el 72,7% fueron informadas en centros públicos.
En Extremadura, de hecho, el 100% de los abortos practicados fueron en centros privados. Le sigue Andalucía, con un 99,97%, Castilla-La Mancha (95,95 %), Madrid (99,53 %) y Murcia (99,07 %).
"Hay comunidades con una cierta densidad de población en las que habría que dedicar un recurso público que a veces no existe", comenta Quílez sobre por qué en la mayoría de ellas el porcentaje es mayor en los centros privados.
Cree que tampoco existen las consultas, personal y material que habría que dedicar a ello. Reconoce, eso sí, que cada vez se están dando más pasos para establecer unidades públicas en las distintas comunidades.
Pero "para que no se produzca un cuello de botella que el sistema público no sea capaz de despejar" la ley permite que se deriven hacia centros privados siempre guiados desde los públicos.
Esta diferencia en cuanto al tipo de centro también influye en el método empleado. En Cantabria, por ejemplo, el 86,35% de las mujeres optaron por el método farmacológico, mientras que en Madrid fue el 4,07%.
"Aquellas en las que hay más presencia de centros públicos se tiende más a este método", indica el ginecólogo, "porque es muy ventajoso pero necesita una serie de controles que es probable que sean más fáciles de seguir en estos centros".
Cómo es el perfil
Según los datos recopilados por Sanidad, el motivo principal de la interrupción fue la decisión voluntaria de la mujer, en el 94,62% de los casos. En cuanto al momento de la gestación, el 76,58% de las intervenciones se realizaron antes de las ocho semanas.
Por nacionalidad, la mayoría sigue siendo española, con un 64,54% en 2024. Este porcentaje se mantiene estable en los últimos años. América del Sur representa el segundo grupo con el porcentaje más alto; en este caso, sí que ha habido un incremento porcentual de casi cinco puntos.
"Los movimientos migratorios también impactan en este proceso", comenta Quílez, quien valora positivamente que, por grupo de edad, el de menores de 19 años haya reducido su tasa de IVE desde 2015.
Es el único que lo hace en todo este tiempo. A su juicio, este dato supone que hacen un mayor uso de los anticonceptivos.