El Ministerio de Sanidad quiere que el proyecto de ley del Estatuto Marco de los profesionales sanitarios eche a andar antes de que acabe 2025. El departamento pretende llevar al Consejo de Ministros un texto definitivo este otoño como tarde.

"No llevarlo al Consejo de Ministros a lo largo de otoño de este año sería meterlo en el cajón, porque luego todo esto tiene un tránsito administrativo muy largo", ha precisado Mónica García. "Esta ley debe llegar al Congreso de los Diputados cuanto antes. Lleva ya dos años y medio de negociación. Es necesario dar un paso más".

García ha abordado esta cuestión en la rueda de prensa celebrada tras la Comisión Extraordinaria de Recursos Humanos de este miércoles, en la que se han reunido con los consejeros de Sanidad de las autonomías para informarles de la situación del Estatuto Marco.

En la cita, García les ha informado de que no se presentará un informe del impacto económico de la norma hasta que no esté cerrado el borrador definitivo.

"El impacto económico lo pondremos encima de la mesa cuando sepamos más. Parte de ese impacto tiene que venir del análisis que hagan las regiones, de las necesidades que tengan."

A pesar de que, según sus palabras, el 95% del contenido del Acuerdo Marco ya está consensuado con los sindicatos, ha aclarado que todavía queda trabajo.

Por eso, el departamento se volverá a reunir con el Ámbito de Negociación a partir de la última semana de agosto. Después se citará, de nuevo, con las comunidades autónomas en septiembre, para abordar con ellas detalles técnicos.

Más adelante, García espera que se celebre un Foro Marco en el que estarán presentes las comunidades autónomas, el Ministerio y las organizaciones sindicales.

Más allá de las reuniones que se celebrarán a partir de finales de agosto, los consejeros se han mostrado muy críticos con Sanidad por cómo está llevando la tramitación del nuevo Estatuto Marco.

De hecho, en la cita, la mayoría (que son de regiones con color PP) ha afeado a la ministra que no se haya reunido con ellos hasta este miércoles y que las medidas que ha presentado no cuenten con "sustento jurídico ni memoria económica".

Especialmente duro se ha mostrado Alejandro Vázquez, consejero de Sanidad de Castilla y León y portavoz de las regiones del PP en el Interterritorial, que ha abandonado la cita antes de terminar "por el intento de tomadura de pelo de la ministra".

Falta de respeto

Considera que el que Sanidad no cuente todavía con un presupuesto y un impacto económico de los cambios que promete el nuevo Estatuto Marco "es una falta de respeto absoluta a las autonomías".

"Habrá dinero, pero no nos ha dicho ni cuánto ni cómo. Una ley seria como el Acuerdo Marco debe llevar ya una estimación económica, aunque luego pueda variar".

Además, ha afeado que la norma "no cuenta con el beneplácito del Ministerio de Hacienda ni del de Administraciones Territoriales".

Fátima Matute, de Madrid, también ha reclamado que estudios "de viabilidad técnica y económica", para poder trabajar desde un marco realista y posibilista". Además, ha reclamado un alineamiento hacia la medida de todo el Gobierno.

Desacuerdo con los sindicatos

En cuanto al sistema de retribuciones para la nueva reclasificación de los profesionales de la salud (que demandan los sindicatos en la Mesa de Negociación), la ministra ha vuelto a recalcar que no es una competencia del Ministerio de Sanidad. 

"En esta ley no podemos invadir las competencias ni de los presupuestos del estado, ni de las comunidades autónomas, ni de otros ministerios. Es una norma básica. Seremos todo los ambiciosos posibles, pero las cuestiones de aumentos de salarios es algo que al Ministerio de Sanidad no le compete", añade García. 

Por el momento, aún quedan demandas por resolver, ya que para los sindicatos hay cuestiones "que son irrenunciables" en el nuevo EM como: la creación de un modelo retributivo para la nueva clasificación de las competencias de los profesionales sanitarios o la regularización de la jornada voluntaria anticipada y parcial. 

En referencia a la anticipada, García ha manifestado que ya se contempla (y está incluido) poner en marcha un mecanismo de coeficientes reductores.