El Gobierno ya está estudiando las distintas opciones que tiene para fijar la subida que tendrá que aplicar en las tarifas de las autopistas de peaje de cara a 2023, toda vez que los contratos con las empresas concesionarias establecen que el alza tendrá que ser con el IPC, en este caso del 8,4%, según indican fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a Europa Press.

En el actual contexto de incertidumbre económica, marcada por la presión que la subida de precios generalizada está ocasionando en las familias, y tras la aprobación de otras medidas en el ámbito del transporte como la gratuidad de los trenes de Cercanías y Media Distancia, el Ejecutivo tiene distintas opciones en su mano para evitar esa subida tan grande.

La mayor parte de las autopistas de peaje españolas están gestionadas por empresas privadas con las que el Gobierno tiene un contrato a largo plazo que cumplir y que fija que cada año las tarifas se actualizarán con el dato que marque el IPC a 31 de noviembre de cada ejercicio, ya que, en caso contrario, el mantenimiento de las tarifas causaría un perjuicio económico en estas empresas.

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Según fuentes del sector, el Ministerio tiene principalmente tres opciones para evitar una subida así: alargar el periodo de la concesión, es decir, ampliar el tiempo que una autopista tendrá peajes con esa empresa concesionaria.

La segunda opción sería no subir las tarifas pero compensar a la compañía con el importe equivalente, lo que supondría subvencionar la subida de peajes con cargo al presupuesto público, mientras que la tercera sería diferir el alza en distintos ejercicios, subiendo una parte ahora y otra en los próximos años.

Teniendo en cuenta que, desde la llegada del Gobierno del PSOE en 2018 y posteriormente con el Ejecutivo de coalición con Podemos, las concesiones que iban caducando no se iban renovando, es previsible que la opción de alargar el periodo de concesión quede descartada, por lo que la alternativa pasaría por mezclar las otras dos opciones.

En cualquier caso, el Ministerio que dirige Raquel Sánchez tiene menos de dos semanas para decidir y comunicar cualquier alza en las tarifas de peajes que se tendrán que aplicar a partir del próximo 1 de enero de 2023.