Pese al compromiso de España con la Comisión Europea para activar fórmulas de pago por uso en las autovías a partir de 2024, el Gobierno considera que la crisis económica derivada de la crisis en Ucrania hace que no sea el "momento propicio" para poner en marcha esta medida. 

La aplicación de nuevos peajes en las carreteras españolas dentro de dos años es uno de los compromisos recogidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. De hecho, como ha informado EL ESPAÑOL-Invertia, el Ejecutivo ya ha dado los primeros pasos para cumplir con estas promesas haciendo el encargo de los informes sobre cómo activar estas medidas.

Sin embargo, Raquel Sánchez ha restado peso a estos encargos. En la entrevista concedida en 'La Hora de la 1', la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha afirmado que, en todo caso, "seguimos trabajando en la línea de meses anteriores" para poner en marcha medidas de "movilidad sostenible". 

En este marco, "el Gobierno estudiará un sistema de financiación de carreteras del Estado". Se ha referido a los informes que se han encargado a la consultora pública Ineco, en los que se van a analizar "los modelos que se pueden aplicar". 

Sin embargo, la propia Sánchez ha admitido que la crisis que precios que está sacudiendo Europa dificulta la puesta en marcha de la medida. "En un contexto tan complicado no parece el momento propicio", ha afirmado.

[Así era el plan del Gobierno de Rajoy para implantar este año el pago por uso en las autovías]

Lo que sí ha afirmado es que, para la puesta en marcha el nuevo modelo de pago por uso, se buscará acuerdo y consenso con los "sectores afectados y los partidos políticos".

Respecto a las medidas ya en marcha, ha dejado la puerta abierta a que algunas de ellas se mantengan en marcha en 2023, como la bonificación de la gasolina y el gasóleo y la gratuidad y las rebajas de Renfe. 

La ministra ha asegurado que con el conjunto de medidas que se ha puesto en marcha ha permitido contener en 3,5 punto la inflación, que en julio alcanzó el 10,8%. Y ha admitido que el Gobierno está dispuesto a tramitar con proyecto de ley el real decreto-ley.