España necesita alcanzar una tasa de crecimiento anual de su red de carga del 33% si quiere electrificar una parte importante de su movilidad en 2030. Este es el ingente reto al que se enfrentan todos los participantes en el proceso de electrificación que permitiría que el parque automovilístico español cuente con entre 2,7 a 3,6 millones de vehículos eléctricos que las ventas de este tipo de automóviles supongan un 70% del total a finales de esta década.

Un estudio del Consejo Internacional de Transporte Limpio, ICCT según sus siglas en inglés, señala que para conseguir estos objetivos es necesario contar con entre 205.000 y 263.000 cargadores para vehículos eléctricos. La densidad de la red de carga va a desempeñar un papel crucial para acelerar significativamente la popularización de los vehículos eléctricos.

Para entender la complejidad de alcanzar esta meta, basta con analizar el punto de partida. A finales de 2019, España contaba con 46.000 vehículos eléctricos matriculados que representaban el 0,2% del total de turismos que había en España en ese año. Por su parte, la red de carga llegaba a los 8.000 puntos.

El estudio del ICCT plantea dos escenarios. Proyecta que las ventas de vehículos eléctricos conseguirán una cuota de mercado del 50%, en su primer escenario, y del 70%, en su segundo escenario, en 2030. El número de nuevas matriculaciones de vehículos eléctricos aumentará de aproximadamente 18.000 en 2019 a 450.000 en 2030 en el primer escenario y a 680.000 unidades en el segundo. 

Mayor ritmo necesario en los primeros años

Para alcanzar estas metas los primeros años van a jugar un papel fundamental. El ritmo de instalación de puntos de carga deberá ser mayor en los años iniciales. El crecimiento de esta infraestructura deberá alcanzar un ritmo del 43% al 46% hasta 2025. A medida que crezca el mercado, el ritmo de este incremento podrá ralentizarse en la segunda mitad de la década. 

A finales de 2019, España contaba con el 4% de la infraestructura de carga que necesitará en 2030, según el primer escenario del estudio, y del 3%, de lo requerido para el segundo escenario. Madrid en 2019 tenía entre el 4% y el 5% de los puntos de carga que necesitará en 2025, y un 2% de lo que de los que deberá tener en 2030.

Por su parte, en 2019 Barcelona tenía cubiertas entre el 16% y el 19% de sus necesidades de carga para 2025 y del 5% al 6% de los puntos con los que deberá contar en 2030. Cataluña no metropolitana, un mercado relativamente pequeño en comparación con Barcelona y Madrid, tenía del 26% al 30% de sus necesidades de 2025 y del 7% al 9% de las de 2030. En general, las áreas no metropolitanas necesitarán menos cargadores por vehículo. Esto se debe principalmente a la mayor disponibilidad de carga domiciliaria.

De 8.000 puntos de carga a 263.000

Según el análisis del ICCT, la infraestructura de carga en España debe aumentar de 8.500 a 73.500 en el primer escenario y a 85.500 en el segundo para 2025. Para cumplir con los objetivos de ventas de vehículos eléctricos en 2030, se necesitarán de 205.000 a 263.000 cargadores.

Para llegar a los niveles necesarios en 2025, España deberá multiplicar por más de nueve veces la infraestructura con la que contaba en 2019. Para 2030 deberá multiplicar los puntos de 2019 por más de 24 veces. La tasa de crecimiento anual necesaria para alcanzar estos objetivos es del 43% al 46% entre 2019 y 2025 y del 33% al 36% de 2019 a 2030.

La carga de vehículos en el lugar de trabajo desempeñará un papel clave en un mercado como el español en el que, en las grandes ciudades, muy pocos habitantes podrán contar con un punto de carga propio en su domicilio. Para ello no sólo hará falta que las empresas hagan un importante esfuerzo para adaptar sus instalaciones. Gran parte de la carga que se realice durante las horas de trabajo se realizará en garajes públicos. Esto hace que se necesite una cantidad considerable de cargadores disponibles en este tipo de infraestructuras.

Muy por detrás de otros países europeos

El informe del ICCT muestra la gran distancia que actualmente hay de este tipo de infraestructura entre España y otros países europeos. A finales de 2019, el 76% de la red de infraestructura de carga pública en Europa se concentraba en los Países Bajos, Alemania, Francia, el Reino Unido y Noruega, mientras que estos países solo representan el 45% de la población europea.

Los Países Bajos tienen la red de infraestructura de carga pública más densa de Europa con casi 3.400 puntos de recarga públicos por millón de habitantes disponibles. Se puede ver una penetración igualmente alta en Noruega con más de 3.000 puntos de recarga públicos por millón de habitantes.

A pesar de contar con una red comparativamente menos densa, Francia, Alemania y el Reino Unido muestran patrones de distribución similares con, aproximadamente, 500 puntos de recarga por millón de habitantes. En este contexto, España se está quedando atrás con apenas 100 puntos de recarga públicos por millón de habitantes. Un dato al que hay que sumar que el resto de países analizados alcanzó el nivel actual de la infraestructura española cinco años antes.

Las conclusiones del estudio del ICCT señalan que la diferencia del desarrollo de la infraestructura de carga en España tiene su origen en la ausencia de políticas que sí se han puesto en marcha en otros países europeos. Las medidas adoptadas por otros socios comunitarios que han contado con un importante impacto fueron la puesta en marcha de una estrategia nacional de infraestructura de carga y la creación de una plataforma que coordine el trabajo de las diferentes partes interesadas. Una medida reclamada por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) en su última propuesta.

Necesidad de un plan nacional

Pese a que que los horizontes de 2030 parezcan lejanos, más en un momento en el que la respuesta a la pandemia centra la mayor parte de los esfuerzos, los próximos años serán fundamentales para que España pueda afrontar una de las transformaciones más necesarias para cumplir los objetivos de sostenibilidad marcados por la Unión Europea. En este sentido, los fondos de recuperación europeos representan una gran oportunidad para recuperar el tiempo perdido.

Pero de poco bastará el dinero y el impulso que llega desde los diferentes participantes privados si el país no cuenta con una estrategia unificada. La coordinación de los esfuerzos va a marcar que este proceso no se realice a diferentes velocidades en los distintos territorios del país.

La iniciativa privada tenderá a cubrir los lugares donde más retorno alcancen sus inversiones. Del mismo modo, la velocidad de desarrollo será mayor allí donde las trabas administrativas sean menores. En un mercado en el que cada municipio puede fijar condiciones diferentes para la puesta en marcha de su red de carga, sólo contar con un ente que centralice y coordine estos esfuerzos permitirá que no haya tantos ritmos de electrificación como municipios hay en España.