El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado este martes de forma definitiva la ambiciosa reforma legal que tiene como objetivo poner coto al poder de los gigantes digitales de Estados Unidos, como Google, Facebook o Amazon. Una auténtica 'Constitución digital europea' que estructurará la organización del mundo virtual en los próximos decenios.

La reforma consta de dos pilares: la Ley de Servicios Digitales, que ha salido adelante por 539 votos a favor, 54 en contra y 30 abstenciones; y la Ley de Mercados Digitales, aprobada con 588 votos a favor, 11 en contra y 31 abstenciones. Ambos textos ya habían sido objeto de un acuerdo previo con los Gobiernos de los 27. Se espera que las nuevas reglas se empiecen a aplicar progesivamente desde principios de 2023.

"Finalmente, estamos construyendo un mercado digital único, el más importante del 'mundo libre'. Se aplicarán las mismas reglas predecibles en toda la UE, para nuestros 450 millones de ciudadanos, brindando a todos un espacio digital más seguro y justo", ha celebrado el comisario de Mercado Interior, el francés Thierry Breton.

"Las tecnológicas se han beneficiado durante largo tiempo de la ausencia de reglas. El mundo digital se ha convertido en el 'salvaje oeste', en el que los más grandes y más fuertes fijan las reglas. Pero ha llegado a la ciudad un nuevo sheriff, la Ley de Servicios Digitales", asegura la ponente parlamentaria de esta norma, la socialista danesa Christel Schaldemose.

"Ya no vale lo de la 'supervivencia del más fuerte'. El objetivo del mercado único digital es que Europa reciba a las mejores compañías y no sólo a las más grandes. Por eso debemos centrarnos en la aplicación de la legislación", sostiene el ponente de la Ley de Mercados Digitales, el eurodiputado popular alemán Andreas Schwab.

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La Ley de Mercados Digitales establece una lista de una veintena de obligaciones y prohibiciones que se aplicará de forma preventiva y automática a las plataformas con poder de mercado en Europa. Es decir, sin necesidad de que Bruselas tenga que realizar una larga investigación previa para demostrar daños a los consumidores.