Este 12 de mayo de 2021 se cumple un año de la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la conocida como 'Ley Rider'. Una nueva regulación laboral que ha supuesto toda una revolución en el sector del reparto a domicilio en España y que doce meses después de su aprobación sigue suscitando tanto alabanzas como dudas y enfrentamientos dentro del mercado del delivery. 

En el último año el sector ha vivido importantes cambios como la marcha de Deliveroo, que era uno de los principales actores del mercado; la aparición de nuevas empresas como Getir; o el primer acuerdo sobre condiciones laborales entre empresa y sindicatos que alcanzó Just Eat con UGT y CCOO. 

La nueva ley, que entró en vigor de forma definitiva tres meses después, trajo consigo un cambio radical en la relación laboral que hasta entonces mantenían las plataformas de delivery con sus repartidores y puso fin a la figura de falso autónomo que empleaban muchas de ellas.

Un año después, las plataformas y asociaciones consultadas por EL ESPAÑOL-Invertia discrepan sobre su impacto. Mientras para algunas la Ley Rider ha generado "logros prometedores" y ha aportado estabilidad, para otras sigue siendo necesaria una legislación que garantice la flexibilidad y el dinamismo que permite la digitalización. 

La ley y su grado de cumplimiento también han llevado a un enfrentamiento entre plataformas. Parte del sector no oculta su malestar con Glovo al considerar que la compañía líder del sector continúa operando con un modelo de falsos autónomos, algo que le otorga una posición de ventaja respecto a sus rivales.

Impacto en los derechos laborales

Desde Just Eat hacen una valoración positiva del primer aniversario de la Ley Rider, ya que ha contribuido a proteger los derechos de los repartidores y a generar un cambio en el sector. Así, remarcan que el mejor ejemplo es que ya han entrado en España muchos más operadores de los que salen "cumpliendo con la legislación".

No obstante, señalan que todavía hay aspectos por mejorar y apuntan que sigue existiendo una minoría de actores que "incumple la actual legislación". Un aspecto que, desde Just Eat, insisten en que es "fundamental resolver para no favorecer escenarios de fuertes desventajas competitivas en el mercado español".

Un repartidor de Glovo montándose en su bicicleta. Glovo

A este respecto, Uber Eats ha sido más directo en sus críticas y el pasado mes de marzo envío una carta a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en la que acusaba a Glovo de seguir operando con trabajadores autónomos pese a que estaba prohibido por la ley.

En este sentido, apuntaba que mientras ellos empezaron a trabajar con flotas de mensajería y logística para cumplir con la legislación, otros siguen manteniendo su antiguo modelo. "Vemos con impotencia cómo el Gobierno no ha conseguido hacer cumplir la Ley Rider. Y cómo la situación de desventaja de todas las empresas que sí la cumplimos empeora cada día", incidía. 

A este respecto, fuentes del sector añaden que existe "malestar" con Glovo, ya que consideran que con su actuación está practicando "una competencia desleal" que le permite seguir ganando cuota de mercado, al mismo tiempo que da una imagen negativa del conjunto de la industria. 

Por su parte, desde Glovo señalan que como empresa española tiene un "claro compromiso con el país y con el impulso de la economía digital". "Parte de ese compromiso incluye la adaptación al marco regulatorio actual, tal y como hacemos en los 25 países en los que estamos presentes", aseguran.

Flexibilidad laboral

Fuentes del Ministerio de Trabajo resaltan que la ley supone "un hito" en la historia legislativa de España y demuestra que es posible proteger los derechos con la flexibilidad necesaria que las plataformas necesitan. "El reparto a través de plataformas no puede, en ningún caso, dar la espalda al trabajo decente", recalcan.

"Tras un año de su aprobación, su valoración no puede ser más que extremadamente positiva, no solo por su eco internacional, sino porque ha contribuido de manera decisiva a garantizar derechos laborales y ha permitido por primera vez la suscripción de un convenio colectivo en alguna de las plataformas", subrayan.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. EFE

Asimismo, las fuentes aseguran que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha establecido un dispositivo que "está velando por el cumplimiento de la ley", para evitar que se produzcan fraudes en materia de cotizaciones, contrataciones, ni vulneración de derechos salariales o laborales como, por ejemplo, la dificultad de representación.

Por su parte, desde Adigital, la asociación empresarial que representa a la economía digital en España, siguen defendiendo que no se debe perder de vista que se trata en un ecosistema "en constante cambio y evolución", por lo que es necesario elaborar normas "lo suficientemente flexibles y future proof para que no nazcan obsoletas tras los plazos de negociación y transposición".  

Primer acuerdo del sector 

Como destacaba el Ministerio, uno de los hitos registrados en los últimos doce meses fue la firma en diciembre del primer acuerdo de condiciones laborales para el sector en España entre Just Eat y los sindicatos UGT y CCOO. Un texto que los firmantes aseguran busca ir un paso más allá de la ley y hacer que se convierta en un punto de referencia para regular las relaciones laborales de los riders en el país.

Entre los aspectos que regula se encuentra la fijación de un salario base de 8,5 euros por hora. Además, establece que los riders no podrán trabajar más de nueve horas diarias y tendrán 30 días de vacaciones al año, así como que será la empresa la que debe aportar todos los medios de protección necesarios al repartidor. 

Chema Martínez (CCOO), Juana Olmeda (CCOO), Patrik Bergareche (Just Eat) y Álvaro Vicioso (UGT) en la firma del primer acuerdo laboral del sector. Just Eat

Just Eat remarca que este acuerdo demuestra el "fuerte compromiso" de la compañía desde el primer momento con la ley y la protección de los derechos laborales de los repartidores. "Este convenio permite conciliar innovación y protección social en un entorno muy dinámico en el que la tecnología desempeña un papel esencial", aseguran.

Por otro lado, esta semana Glovo ha celebrado sus primeras elecciones sindicales, aunque este proceso se ha circunscrito a los ocho supermercados de la división Groceries que la compañía posee en la provincia de Barcelona y en los que trabajan unas 300 personas. 

Deliveroo y los nuevos operadores

Uno de los cambios más relevantes que ha vivido el sector en el primer año de la Ley Rider ha sido la decisión de uno de sus principales actores, Deliveroo, de abandonar el mercado español el pasado mes de noviembre. 

La compañía indicó entonces que su salida se debía a "motivos económicos", un aspecto al que tampoco iba a ayudar la necesidad de adaptarse a la nueva legislación laboral. 

Dos de los repartidores de Getir, junto al Cubo del Centro Pompidou de Málaga.

Pero el mercado español no sólo ha visto marchar a uno de los principales actores en este año. También han desembarcado otros nuevos como Getir, compañía fundada en Turquía en 2015. La empresa entró en septiembre de 2021 cumpliendo con las exigencias marcadas en la Ley Rider y cuenta ya con unos 3.000 empleados. 

En declaraciones a EL ESPAÑOL-Invertia, Getir resalta que sus repartidores son "el recurso más valioso para ofrecer el mejor servicio". Por ello, remarca que ofrece unas "condiciones óptimas" de trabajo, con contratos fijos y trabajo a tiempo completo o parcial, y seguridad, como motos y bicicletas eléctricas de alta gama, cascos y equipos de protección profesional y formación.

Legislación europea

La Ley Rider es además una de las precursoras de la Directiva presentada en diciembre por la Comisión Europea para mejorar las condiciones laborales de las plataformas digitales. Desde Adigital consideran que es "una gran oportunidad" para modernizar el marco regulatorio del nuevo mercado laboral y adaptarse a la nueva realidad.

Asimismo, considera que ampliará el ámbito de aplicación de la legislación española más allá de los servicios de delivery y que puede suponer una transformación del mercado laboral.

Sin embargo, reclama que, mientras se tramite su transposición, es "prioritario" promover un análisis y generación de datos constante sobre las plataformas y las personas que las utilizan para trabajar, "algo que no se realizó en el momento que se tramitó la Ley Rider".