El impuesto a las grandes tecnológicas tiene tres frentes abiertos. El primero, a nivel nacional, con un proyecto de ley que el Gobierno pretende incluir en los presupuestos de 2019. El segundo, a nivel europeo donde los ministros de Economía y Finanzas buscan consenso entre los 28, aunque han agotado la fecha límite. Por último, la OCDE busca una solución internacional a este asunto global.

Se trata de “la cuestión de nuestro tiempo”, ha asegurado Javier Zarzalejo director de la Fundación Faes en el coloquio sobre economía digital y fiscalidad celebrado este martes en Madrid. Y es que es evidente que “ha crecido la preocupación en cuanto a la seguridad y el impacto de la transformación digital en los derechos fundamentales”, ha señalado Zarzalejos. Sin embargo, el director de la fundación ha sentenciado que “no nos vamos a jubilar a coste de las grandes tecnológicas”.

En este marco es donde aparece la palabra clave: fiscalidad. Unos impuestos que “no pueden tener únicamente un punto de vista recaudatorio”, ha matizado el economista Daniel Lacalle. De hecho, Lacalle aboga por un planteamiento global “y no pensando únicamente en el presupuesto nacional”.

El economista ha explicado que “poniendo escollos a las empresas digitales, no se lidera el cambio tecnológico” y en esta línea ha criticado el impuesto en el que trabaja el gobierno de Sánchez, porque según dice, se trata de una tasa “discriminatoria en cuanto a nacionalidad de las empresas y en cuanto a la actividad”. “Parece un arancel en lugar de un impuesto”, ha dicho.

Las falacias de la tasa digital

Javier Santacruz, economista y jefe de investigación de Civismo, ha señalado que en el ámbito de la fiscalidad de la economía digital se están tomando como ciertas algunas falacias. Entre ellas que “las empresas digitales no pagan impuestos”. Santacruz cree que dividir la recaudación del impuesto de sociedades a nivel nacional entre el resultado global de un gigante tecnológico “es un error que se comete en todo el espectro político”. 

El economista cree que España se está aislando al legislar sobre este asunto de forma nacional y señala que se están poniendo “en cuestión las reglas fiscales comunes en Europa”. Además, Santacruz ha insistido en que hay que cuantificar el “daño al consumidor” de este impuesto y ha concluido que “el mundo digital no tiene que ser quien pague el gasto público o las fracturas entre países”.

Las empresas también han tenido voz en este coloquio y han insistido en que no es de “justicia fiscal” que se modifique el tipo impositivo de forma anual, según el presupuesto de cada año o que se creen nuevos mecanismos fiscales sin reformar los actuales.