Hasta 18 asociaciones empresariales y profesionales distintas han emitido un comunicado conjunto abogando por mantener el tratamiento actual de los instrumentos de ahorro individuales de previsión social complementaria. Entre ellas, están AEB, Ascri, ATA, Ceca, CEOE, Cepyme, IEE, Inverco, Ocopen, Unacc o Unespa.

El proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 rebaja de 8.000 a 2.000 euros los límites anuales de aportación a planes de pensiones individuales (o similares) y también a los del cónyuge. “Esto afectará negativamente al conjunto de la ciudadanía y, en especial, a los trabajadores autónomos”, sostienen.

En España, hay más de 7,5 millones de partícipes en planes de pensiones individuales y casi un millón de asegurados en planes de previsión asegurados (PPA) que se van a ver afectados “con carácter directo e inmediato” por la medida. Muchos de ellos son trabajadores por cuenta propia o empleados de pymes.

En opinión de las entidades firmantes, “la encomiable intención del Gobierno de impulsar la previsión social complementaria en el ámbito empresarial en España no debe realizarse a costa del ahorro que destinan por su cuenta los particulares a reforzar su futura pensión”.

Afectaría especialmente, según estas asociaciones, a las más de 3,2 millones de personas adheridas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la Seguridad Social, así como a los empleados de las pymes, en las que el ahorro colectivo apenas está presente.

Menos ingresos fiscales

“El sistema individual seguirá siendo necesario e imprescindible para todos aquellos que, como los autónomos o los trabajadores de las pymes, no puedan acceder al sistema de empleo por no estar las reformas desarrolladas”, reza el comunicado.

Una sugerencia compartida es que los límites anuales de aportaciones a sistemas de previsión social “deberían suprimirse en lugar de minorarse y sustituirse por un límite global de aportaciones acumuladas a lo largo de la vida laboral”, de tal forma que se pueda generar ahorro para la jubilación en función de la situación de cada trabajador durante su trayectoria sociolaboral, dado que “las crisis económicas son fenómenos cíclicos y se materializan varias veces a lo largo de la vida laboral de las personas”.

Además, ponen de manifiesto, “toda medida destinada a reducir ahora las deducciones fiscales por aportaciones a instrumentos individuales de previsión social complementaria derivará en una reducción de los ingresos fiscales del Estado en el medio y largo plazo”.