Desde el 1 de enero de 2024 está en vigor la nueva Directiva europea DAC7, relacionada con la cooperación administrativa en lo que se refiere a la fiscalidad, una norma mediante la cual las plataformas digitales tienen la obligación de recopilar, verificar, actualizar y comunicar los datos relacionados con las operaciones que realizan los vendedores a través de portales web y plataformas como Vinted, Ebay, Wallapop o AirBNB, entre otras. Es decir, se ven afectadas todas aquellas en las que exista algún tipo de transacción en forma de venta, alquiler de bienes o prestación de servicios.

En la actualidad este tipo de plataformas y aplicaciones gozan de una gran popularidad, con un amplio mercado que mueve unos 5.200 millones de euros, lo que ha provocado que tanto la Agencia Tributaria como sus homólogos europeos se hayan fijado en las mismas y hayan decidido establecer límites a la hora de declarar este tipo de ventas y operaciones. Según las estadísticas, 6 de cada 10 españoles compran a través de apps de segunda mano, mientras que un 67% encuentra en estos servicios una forma de obtener beneficios económicos, lo que puede derivar en fraudes con los que evadir impuestos. Por este motivo, la UE se ha decidido a actuar estableciendo una serie de límites y requisitos a la hora de vender productos y servicios en estas plataformas.

Las operaciones de compra y venta a través de internet, así como la prestación de servicios están en el punto de mira de Hacienda desde hace tiempo, y desde enero de 2023 las plataformas y los vendedores tienen la obligación legal de informar acerca de las transacciones realizadas a las autoridades fiscales. De hecho, las plataformas, con independencia de si se trata de residentes o no en la Unión Europea, tienen que informar de los ingresos obtenidos por parte de los vendedores.

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La mencionada Directiva europea considera que hay una serie de actividades por las cuales debe ser reportada la información correspondiente, entrando en su categoría la venta de bienes, los servicios personales, el arrendamiento de cualquier medio de transporte, así como el arrendamiento de bienes inmuebles, incluyendo dentro de ellos aquellos destinados al uso comercial y residencial y el alquiler de cualquier otro tipo de bien inmueble, como las plazas de aparcamiento.

La información a recopilar y comunicar con respecto a los prestadores de servicios y vendedores en estas plataformas es la relativa a sus datos personales, tales como nombre, dirección, número de identidad fiscal, y NIF/IVA, mientras que si se prestan servicios de arrendamiento se requerirá del aporte de datos relacionados con la dirección física del inmueble en cuestión y los días de alquiler.

También se recopilan los datos bancarios (número de cuenta o tarjeta vinculado a la cuenta y nombre del titular), el total del dinero obtenido en cada trimestre, el número de ventas realizadas por trimestre, y cualquier otro impuesto, comisión o tasa que haya sido cobrada o retenida.

¿Cuándo se comunican las transacciones a las autoridades fiscales?

Este asunto ha dado mucho que hablar y genera muchas dudas entre quienes venden productos o servicios a través de este tipo de plataformas, por lo que desde ellas han tratado de solventarlas, informando que comunicaran las transacciones a las autoridades fiscales cuando se trate de personas residentes en la Unión Europea y en los casos en los que, dentro de un año natural, se obtenga una contraprestación por ventas de 2.000 euros o más, una vez aplicada la deducción de impuestos, tarifas o comisiones, o bien en aquellos casos en los que se realicen más de 30 ventas, con independencia del importe.

En este tipo de situaciones, el usuario en cuestión recibirá una notificación vía correo electrónico o aplicación, donde habrá que rellenar la información legal en un plazo máximo de 60 días naturales. Si no se cumple con este requerimiento, la cuenta en estas plataformas será bloqueada.

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Más allá de esta obligación en portales destinados a la compra y venta de productos como Ebay, Wallapop o Vinted, en el caso de plataformas como AirBNB, todo anfitrión que disponga de una propiedad ubicada en uno de los 27 países miembros de la Unión Europea, podrá ver cómo su información se comparte mediante la plataforma, con su correspondiente identificador de cuenta, el número de días en los que el inmueble ha sido alquilado, el dinero obtenido por trimestre, etcétera.

Dado el caso en el que un anfitrión no hubiese proporcionado la información exigida por parte de las autoridades fiscales, la propia AirBNB estaría en la obligación de congelar los pagos e incluso, en determinados casos, podría llegar a bloquear el arrendamiento de los inmuebles, de forma que dejarían de estar disponibles los calendarios para que los usuarios puedan acceder a su contratación.

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Pese a todo, hay que tener en cuenta que con la Directiva DAC7 de la UE no se modifican las obligaciones fiscales de los vendedores, pero lo que sí ha supuesto ha sido un cambio en la forma de operar por parte de las plataformas, que ahora tienen la obligación de informar debidamente a las autoridades fiscales de las operaciones llevadas a cabo en las mismas.

Se trata de un método impulsado por parte de la Unión Europea para poder tener el control sobre las transacciones relevantes que tienen lugar en territorio europeo, de manera que quien no quiera facilitar estos datos, verá como su cuenta en estos portales se verá bloqueada.