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Las entidades pasarán un test para vender fondos a los minoristas si reciben incentivos de las gestoras
El Parlamento Europeo y el Consejo han llegado a un acuerdo político sobre la Estrategia de Inversión Minorista (RIS).
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Las famosas y polémicas retrocesiones, que son los incentivos que cobran bancos, aseguradoras y brókeres de las gestoras proveedoras por vender sus fondos de inversión entre los clientes minoristas, vuelven a estar en el ojo del huracán.
El Parlamento Europeo y el Consejo llegaron el miércoles a un acuerdo político sobre la Estrategia de Inversión Minorista (RIS, por sus siglas en inglés).
Las medidas propuestas buscan reforzar la protección de los inversores minoristas eliminando los conflictos de intereses en la fabricación y distribución de productos financieros. Sobre todo, en lo que respecta a los fondos de inversión.
Algo que con la normativa europea MiFID II ya se cercenó y que ahora, con la RIS, se pretende acotar más si cabe.
Aunque aún no se dispone del texto oficial, como recuerdan desde el despacho finReg, las medidas avanzadas confirman cambios relevantes en la distribución de productos financieros en la Unión Europea, especialmente en lo que se refiere a costes de los productos, incentivos y asesoramiento.
El pilar central de las medidas es el concepto de value for money. Las entidades fabricantes -las gestoras de activos- deberán justificar, antes del lanzamiento de un producto, que los costes y gastos soportados por los inversores son razonables y adecuados.
En cuanto a los distribuidores, que suelen ser bancos, aseguradoras, fintechs, agencias y sociedades de valores, se acuerda introducir una prueba de incentivos o inducement test orientada a garantizar que los clientes reciben un beneficio cuantificable y tangible cuando la entidad perciba retrocesiones o incentivos de terceros.
No obstante, por el momento se desconocen los requisitos concretos de dicho test.
El acuerdo vuelve a subrayar la obligación de los asesores de "actuar con honestidad, imparcialidad y profesionalidad en el mejor interés del cliente", intensificando la gestión de conflictos de interés en la prestación del servicio.
Simplificación normativa
Entre otras cuestiones, el texto también prevé un "asesoramiento simplificado para productos no complejos, eficientes en términos de costes y diversificados", en el que no será necesario evaluar los conocimientos y la experiencia del cliente minorista.
Al igual que flexibilizar los requisitos para que un cliente minorista pueda llegar a clasificarse como profesional por solicitud. Por el contrario, se proponen requisitos adicionales para los influencers financieros o finfluencers.
Esto último entronca con la reciente aclaración de la CNMV al respecto, donde dice que los influencers podrán anunciar servicios de inversión si no cobran por volumen o clientes captados.
Ahora, el texto acordado deberá ser aprobado por el Parlamento y el Consejo. Previsiblemente, esto se producirá en el primer semestre de 2026.
Una vez publicado en el Diario Oficial de la UE, los Estados miembros tendrán un plazo de 24 meses para su transposición. Las nuevas medidas comenzarán a aplicarse transcurridos 30 meses desde su publicación, salvo las medidas que afectan al Reglamento de los PRIIPs, que aplicarán transcurridos 18 meses.
