La batalla en el seno de la Unión Europea está servida a raíz de las nuevas reglas para proteger y empoderar a los inversores minoristas, articuladas a través de la muy esperada Retail Investment Strategy (RIS).

Como publicó este periódico, la Comisión de Ursula von der Leyen quería prohibir las retrocesiones o incentivos de los fondos de inversión, pero 'locomotoras' como Alemania o Francia se negaban. Se trata de economías donde imperan los grandes bancos y aseguradoras, al igual que en España e Italia, alineadas con ellas.

El lobby bancario surtió efecto y el Ejecutivo comunitario propuso que se aborden los posibles conflictos de interés en la distribución de productos de inversión al prohibir los incentivos para las ventas de "sólo ejecución, es decir, donde no se brinda asesoramiento". Esto es, cuando el cliente compra por sí mismo un fondo en su entidad sin ayuda de un profesional.

Si bien "se implementarán salvaguardias y una transparencia más estricta allá donde los incentivos están permitidos", como en el asesoramiento financiero no independiente o la gestión discrecional de carteras, la rebaja del tono de la Comisión Europea supuso un importante balón de oxígeno para las entidades del continente. En la práctica, supone mantener el statu quo en la comercialización de fondos de inversión.

No todo es cuestión de precio

Pero las grandes patronales financieras del Viejo Continente han mostrado su disconformidad con esta decisión. No querían que se tocara ni una coma del redactado anterior, en vigor desde 2018 con MiFID II. Por eso, Amice, EACB, EAPB, EBF, Efama, ESBG, Eusipa e Insurance Europe han firmado un comunicado conjunto donde plantean sus "múltiples preocupaciones".

La más urgente, sus reservas "sustanciales" sobre la nueva prueba del 'mejor interés del cliente'. "El enfoque propuesto, que se enfoca de manera desproporcionada en los costos, puede llevar a los clientes a priorizar el producto 'más barato' sobre otros que potencialmente podrían ofrecerles un mayor valor. Hacemos notar que tal resultado sería, de hecho, contrario al mejor interés del cliente", argumentan las ocho patronales.

Las retrocesiones son el porcentaje de la comisión de gestión de un fondo de inversión que el fabricante -la gestora- cede al comercializador -un banco, aseguradora, empresa de asesoramiento o agencia de valores- por vender sus productos frente a los de la competencia. Dicho de otra forma, es un incentivo que pagan las gestoras para que sus fondos lleguen al mayor número de inversores posible.

La propia Comisión Europea calcula que el 40% de los fondos de inversión incluye incentivos. Al organismo le preocupa que las entidades vendan los fondos que más comisiones les dejan a ellas en vez de los que serían más adecuados para los clientes en función de su perfil de riesgo y necesidades. De ahí que en la RIS haya empezado por proponer la prohibición de las retrocesiones en el servicio de ejecución o recepción y transmisión de órdenes.

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A este respecto, las citadas patronales echan más leña al fuego contra la UE. El lema que se introduce de 'valor por dinero', de hecho, "contradice el objetivo central del proceso de inversión, que es ofrecer soluciones adaptadas a las necesidades de los diferentes clientes". En su opinión, "el valor abarca más que sólo costos y tiene diversos significados para diferentes consumidores, dependiendo de sus circunstancias, objetivos y valores personales".

Estas asociaciones empresariales cuestionan "la necesidad, la base jurídica y las consecuencias, en particular en términos de competencia en el mercado", de la estrategia minorista de la UE.

Y añaden: "La intervención de precios a través de puntos de referencia plantearía amenazas significativas para el desarrollo de productos innovadores, especialmente en las muchas áreas de inversión emergentes que carecen de datos históricos de precios, y no sería compatible con los esfuerzos en curso para fomentar una oferta más sostenible".

Según se temen, "todo esto tendrá claramente un impacto negativo en el atractivo internacional del mercado de capitales de la UE".

En contra de la libertad

También destacan el exceso de burocracia que se generará, una complejidad que alejaría la posibilidad de convertir a los depositantes en inversores, así como la falta de tiempo suficiente para aplicar los nuevos requisitos: "Las fechas de transposición propuestas en el borrador actual harían imposible su cumplimiento por parte de la industria".

En la Asamblea General celebrada por Inverco el pasado miércoles, su presidente, Ángel Martínez-Aldama, criticó que la estrategia minorista europea "va en contra de la libertad de elección del cliente financiero, porque arrebata al 96% de la población europea la libertad de elegir a la hora de cómo acceder y pagar por los fondos de inversión".

El presidente de la patronal española de las gestoras de fondos de inversión y de pensiones sostiene que la gran mayoría de los ciudadanos europeos no paga -ni quiere pagar- de forma explícita por los servicios de inversión, que además conllevan IVA. Prefieren hacerlo por la vía implícita, con las retrocesiones. A juicio de Martínez-Aldama, en la comercialización de estos servicios no sólo debería contar el precio, sino que deberían entrar en juego -y en la misma proporción- la calidad o la accesibilidad de los mismos.