“El regulador ya ha puesto muchas trabas para su cobro. Las retrocesiones van a desaparecer seguro. El camino está trazado, el dilema es cuándo”, se aventuró a pronosticar Antonio Salgado, consejero delegado de BNP Paribas Wealth Management, en el evento Revolution Banking organizado por iKN Spain, celebrado en el Estadio Cívitas Metropolitano un día después de que la Comisión Europea publicara su propuesta de nuevas reglas para proteger y empoderar a los inversores minoristas en la UE, la esperada Retail Investment Strategy (RIS).

Como publicó este periódico, la Comisión de Ursula von der Leyen quería prohibir las retrocesiones, pero locomotoras como Alemania o Francia se negaban. Se trata de economías donde imperan los grandes bancos y aseguradoras, al igual que en España e Italia, alineadas con ellas.

[Guerra por los incentivos en la venta de fondos a minoristas: la UE quiere prohibirlos, pero Alemania y Francia no]

El lobby bancario surtió efecto y el Ejecutivo comunitario propuso que se aborden los posibles conflictos de interés en la distribución de productos de inversión al prohibir los incentivos para las ventas de “sólo ejecución, es decir, donde no se brinda asesoramiento”. Esto es, cuando el cliente compra por sí mismo un fondo en su entidad sin ayuda de un profesional.

Si bien “se implementarán salvaguardias y una transparencia más estricta allá donde los incentivos están permitidos”, como en el asesoramiento financiero no independiente o la gestión discrecional de carteras, la rebaja del tono de la Comisión supone un importante balón de oxígeno para las entidades del continente.

José María Ferrer, director de Wealth y Banca Privada en Renta 4 Banco, reconocía que, “a corto plazo, no interesa quitar las retrocesiones”.

“Hay que hacer transiciones tranquilas, la industria no puede cambiar de la noche a la mañana. Además”, apostilló el banquero, “hay muchos clientes que no quieren pagar el IVA del coste explícito que tiene un servicio de asesoramiento independiente y, por tanto, prefieren no ver el coste y seguir como están”. Esto es, que el distribuidor cobre incentivos de las gestoras y no cobre al cliente.

El caso de Reino Unido y Holanda

La justificación suelen ser los numerosos clientes que se han quedado “huérfanos de asesoramiento” en aquellos países donde sí se han prohibido las retrocesiones: Reino Unido y Holanda. La banca arguye que mejor cobrar incentivos de las gestoras para así mantener el asesoramiento al cliente -aunque sea no independiente-, que éste lo pierda por verse obligado a pagar un coste explícito con IVA al no poder la banca cobrar retrocesiones.

Las retrocesiones son el porcentaje de la comisión de gestión de un fondo de inversión que el fabricante -la gestora- cede al comercializador -un banco, aseguradora, empresa de asesoramiento o agencia de valores- por vender sus productos frente a los de la competencia. Dicho de otra forma, es un incentivo que pagan las gestoras para que sus fondos lleguen al mayor número de inversores posible.

La propia Comisión Europea calcula que el 40% de los fondos de inversión incluye incentivos. Al organismo le preocupa que las entidades vendan los fondos que más comisiones les dejan a ellas en vez de los que serían más adecuados para los clientes en función de su perfil de riesgo y necesidades.

“No sé si será con MiFID 3 o con MiFID 4, pero el final de las retrocesiones acabará llegando”, se teme Cecilia Santos, directora comercial de Negocio en CaixaBank Banca Privada.

En opinión de Xavier Blanquet, subdirector general de Banco Sabadell y director de Negocio de Sabadell Urquijo, la industria de la inversión entra en un verdadero escenario de “value for money”. “Hay que prepararse para ello”, afirmó en la última edición del Revolution Banking.

El texto prevé un plazo de 12 meses desde su entrada en vigor para la transposición a los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros y de 18 meses para su aplicación efectiva. Teniendo en cuenta estos plazos, el despacho finReg360 estima que, durante 2023 y 2024, se complete el texto definitivo para la aprobación por el Parlamento y el Consejo, “de manera que despliegue sus efectos en 2026”.