En el tema más candente de la estrategia, que era la posible eliminación de las retrocesiones o incentivos en la venta de fondos de inversión cinco años después de la entrada en vigor de la normativa MiFID II, a grandes rasgos se mantendrá el statu quo actual.

Como publicó este periódico, la Comisión de Ursula von der Leyen quería prohibir las retrocesiones, pero ‘locomotoras’ como Alemania o Francia se negaban. Se trata de economías donde imperan los grandes bancos y aseguradoras, al igual que en España e Italia, alineadas con ellas.

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En su comunicado, la Comisión Europea propone que se aborde los posibles conflictos de interés en la distribución de productos de inversión al prohibir los incentivos para las ventas de “sólo ejecución, es decir, donde no se brinda asesoramiento”. Esto es, cuando el cliente compra por sí mismo un fondo en su entidad sin ayuda de un profesional.

Así como “garantizar que el asesoramiento financiero esté alineado con los mejores intereses de los inversores minoristas”. También “se implementarán salvaguardias y una transparencia más estricta allá donde los incentivos están permitidos”.

El asesoramiento no independiente gana

Dicho de otra forma, el asesoramiento no independiente, que es donde la mayoría del sector financiero se posicionó a raíz de MiFID II, podrá seguir cobrando retrocesiones de los fondos de inversión que distribuye, en su mayoría de las grandes gestoras internacionales.

Las retrocesiones son el porcentaje de la comisión de gestión de un fondo de inversión que el fabricante -la gestora- cede al comercializador -un banco, aseguradora, empresa de asesoramiento o agencia de valores- por vender sus productos frente a los de la competencia. Dicho de otra forma, es un incentivo que pagan las gestoras para que sus fondos lleguen al mayor número de inversores posible.

Los efectos, en 2026

La propia Comisión calcula que el 40% de los fondos de inversión incluye incentivos. La propuesta de norma prohíbe los incentivos cuando se presten servicios de recepción y transmisión de órdenes (o ejecución), “salvo para las órdenes que provengan de un asesoramiento previo o que se den en el servicio de colocación y aseguramiento”, puntualizan desde el despacho finReg360.

El texto prevé un plazo de 12 meses desde su entrada en vigor para la transposición a los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros y de 18 meses para su aplicación efectiva. Teniendo en cuenta estos plazos, finReg360 estima que, durante 2023 y 2024, se complete el texto definitivo para la aprobación por el Parlamento y el Consejo, “de manera que despliegue sus efectos en 2026”.