Las retrocesiones son el porcentaje de la comisión de gestión de un fondo de inversión que el fabricante -la gestora- cede al comercializador -un banco, aseguradora, empresa de asesoramiento o agencia de valores- por vender sus productos y no los de la competencia. Dicho de otra forma, es un incentivo que pagan las gestoras para que sus fondos lleguen al mayor número de inversores posible.

Desde hace cinco años, con la entrada en vigor de la normativa europea MiFID II, su uso se restringió en el continente por el conflicto de interés que generaban. Las entidades financieras pueden cobrar retrocesiones de los fondos siempre y cuando el asesoramiento que presten al inversor final sea declarado "no independiente" y se pueda justificar un aumento de la calidad del servicio prestado y con plena transparencia frente al cliente.

[Más de 23.500 'cripto' y 617 plataformas: así es "el salvaje oeste" al que la normativa europea quiere poner fin]

El modelo opuesto y más puro, el que la Unión Europea quería favorecer, es el del asesoramiento independiente, máxime tras los escándalos conocidos con la gran crisis financiera mundial post Lehman Brothers. Pero la realidad ha sido tozuda y la mayoría del sector se decantó por el asesoramiento no independiente para así poder seguir cobrando incentivos y, por tanto, salvar sus cuentas cuando los tipos de interés estaban en terreno cero o negativo.

Un lustro después, la UE quiere volver a abordar el tema. La Comisión de Ursula von der Leyen quiere prohibir las retrocesiones, pero países como Alemania, Francia o Austria se niegan. Se trata de economías donde imperan los grandes bancos y aseguradoras, sobre todo en los dos primeros, entidades que quieren mantener el statu quo.

El 40% incluye retrocesiones

La Comisión asume que la percepción de incentivos debería ser la excepción y no la regla. Tras constatar que el 40% de los fondos incluye incentivos, como así se publicó en el informe de mayo de 2022 'Disclosure, inducements and suitability rules for retail investors study', aboga ahora por suprimirlos totalmente, como sucede ya desde hace años en Holanda y Reino Unido.

Según la comisaria europea de Estabilidad Financiera, Mairead McGuinness, su anulación aumentará la innovación y la competencia en el sector en beneficio de los inversores y la industria.

Dicho informe concluía que no se informa adecuadamente de los incentivos, y que éstos se suelen asociar a un mayor coste del producto, que normalmente se repercute al inversor minorista. La UE busca evitar los conflictos de interés entre asesores y clientes de cara a asegurar que las recomendaciones de inversión se basan en la idoneidad del producto para el cliente.

Por el contrario, Alemania y Francia defienden que la prohibición de los incentivos atentaría precisamente contra el objetivo declarado de beneficiar al inversor minorista. Un pensamiento en línea con el de los bancos y aseguradoras en España e Italia, que son quienes copan la distribución de fondos de inversión.

Patronales vs. usuarios

Estos países entienden que, al no existir incentivos para la entidad asesora, un mayor coste explícito del asesoramiento financiero restringirá el acceso generalizado a este servicio, lo que se traducirá en una menor participación de la inversión minorista en los mercados de capitales.

Además, la implementación de la modificación propuesta podría tener un impacto "muy significativo" en los modelos de negocio de las entidades, por lo que "es esencial que se evalúen cuidadosamente los efectos de cualquier cambio en la regulación", reclama Javier Cano, socio de Regulación Financiera de PwC Tax & Legal. "Esperamos que sea este principio el que guíe las negociaciones de la Comisión, Parlamento y Consejo que veremos en los próximos meses", señala en el blog de la firma.

La Comisión Europea lanzó en mayo de 2021 una consulta sobre este asunto, que recibió 186 contestaciones de asociaciones, consumidores u organismos públicos, entre otros colectivos. Mientras que las patronales entienden que el régimen actual de incentivos es suficiente para justificar el equilibrio entre el beneficio de los clientes y el de las entidades, las asociaciones de consumidores y los organismos públicos consideran que se debe reforzar el régimen e, incluso, prohibirlo.

PwC se posiciona del lado de las patronales y de las demandas de Alemania y Francia. "Proteger el acceso de los inversores minoristas al mercado de capitales debe ser una prioridad para las autoridades. […] Y abandonar proclamas populistas que demonizan al sector bancario, una tentación que algunos se han permitido aprovechando la mejora en los resultados como consecuencia de las subidas de tipos", solicita Cano en referencia velada hacia los líderes de Unidas Podemos y Sumar en vísperas del 28M y con elecciones generales a finales de año en España.

Según un banquero consultado por EL ESPAÑOL-Invertia, las entidades han canalizado a sus clientes hacia contratos de asesoramiento -no independiente en gran parte- o de gestión discrecional de carteras, "dando un valor añadido a nuestro trabajo". Otro banquero asegura que el lobby bancario da por descontado que la revisión europea será "solamente parcial, no total".

"Necesitamos un sector financiero fuerte, que pueda prestar servicios de calidad, que invierta en mejorar el servicio para sus clientes, en seleccionar y crear productos, y que sirva para canalizar grandes flujos de capitales entre ahorradores y empresas, algo en lo que la UE todavía tiene mucho recorrido de mejora", reconoce el socio de PwC. Con todo, "una mala norma y un mal posicionamiento nos perjudica a todos", subraya.