La directiva europea sobre instrumentos financieros (MiFID II) obliga desde el 2 de agosto a que los asesores pregunten a sus clientes por sus preferencias en materia sostenible para el denominado test de idoneidad, que es el que determina el perfil de riesgo del inversor.

Técnicamente, lo que empieza a aplicarse es el Reglamento (UE) 2021/1253 de 22 de abril de 2021 que modifica el Reglamento Delegado (UE) 2017/565. El test ‘green MiFID’ que deben realizar las entidades será de aplicación para los servicios de asesoramiento en materia de inversión y gestión discrecional de carteras.

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Así, la evaluación de idoneidad, que tiene como objetivo recomendar o integrar en las carteras de los clientes instrumentos financieros idóneos, ajustados a sus objetivos de inversión, situación financiera y conocimientos y experiencia, deberá ahora tener en cuenta además las preferencias de sostenibilidad del cliente como un elemento adicional. Pero, ¿en qué cuestiones se traduce este nuevo test?

Aunque todavía no hay una plantilla de preguntas predeterminada a nivel comunitario, la ‘guía’ a la que se plegarán los asesores en un primer momento tendrá el siguiente aspecto: “¿Tiene usted preferencias en materia de sostenibilidad? Sí o no”.

El camino según la respuesta

Si el cliente dice que ‘no’, el asesor puede recomendar el producto sostenible, “siempre que lo considere adecuado en función de sus conocimientos, su situación financiera y sus objetivos de inversión”, explicitan desde Schroders.

En cambio, si el cliente responde que 'sí', “lo que esperamos que haga la mayoría”, avanza la gestora británica, entonces el cliente tendría que hablar sobre si su preferencia es por la alineación con la Taxonomía de la UE, el porcentaje de inversión sostenible según lo definido por la SFDR (el Reglamento de Divulgación en materia de Finanzas Sostenibles) o las principales consideraciones de impacto adverso (PAIs, en inglés).

La ‘Green MiFID II’ afectará tanto a los nuevos clientes como a los existentes, cuando proceda actualizar su test de idoneidad o a iniciativa propia, “en cualquier momento”.

Desde la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), consideran “crítico que se invierta en mayor y mejor formación de los asesores y exista una voluntad real de ofrecer productos competitivos para aumentar la demanda de inversión verde”, en referencia sobre todo a los fondos de inversión que incorporan criterios medioambientales, sociales y de buena gobernanza corporativa (ASG).

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Asufin también hace un llamamiento a los reguladores del mercado para que “desarrollen y promuevan herramientas formativas, e insten a que la transparencia presida estos nuevos requerimientos”.

Precisamente, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) aseveraba hace dos semanas que, dada la novedad de la materia, resulta “fundamental” que el personal de las entidades que recopile la información de los clientes cuente con los suficientes conocimientos para poder explicarles en un “lenguaje sencillo y de manera comprensible” los diferentes aspectos sobre los que se recaban sus preferencias.

Una guía transitoria

Por tanto, “las entidades deberán haber adaptado sus sistemas y procesos de forma que sean capaces de realizar las preguntas pertinentes a sus clientes para identificar sus preferencias en relación con la sostenibilidad, cuando deban realizar un test de idoneidad”, añadía el supervisor español.

Pero, como alerta el despacho Pérez-Llorca, dada la magnitud del impacto de ‘Green MiFID II’ y las dificultades prácticas y dudas acerca de cuál ha de ser el nuevo contenido a incluir en los test de idoneidad, la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA, por sus siglas en inglés) está revisando sus Directrices de 2018 sobre la evaluación de la idoneidad. Fruto de este trabajo, ESMA publicó en enero un borrador de Directrices que ha sido sometido a consulta pública entre febrero y abril.

El informe final de las Directrices de ESMA sigue pendiente de publicación, y “no se espera que vea la luz hasta, como mínimo, otoño de 2022”, prevé Josefina García Pedroviejo, socia de Servicios Financieros y Fondos de Inversión de Pérez-Llorca, entrando en vigor seis meses después de la publicación de su traducción a las lenguas oficiales de la Unión Europea.

Por esta razón, las empresas de servicios de inversión aún no disponen de unas instrucciones claras que faciliten esa labor de incorporar la integración de las preferencias de sostenibilidad del cliente en el proceso de evaluación de idoneidad.

La CNMV tiene intención de incorporar las citadas directrices, una vez entren en vigor, en sus procedimientos de supervisión. El organismo que preside Rodrigo Buenaventura aconseja que “las entidades podrían tomar como referencia general las Directrices de ESMA”, si bien advierte que “debe tenerse en cuenta que, previsiblemente, el contenido de las directrices finales será diferente en algunos aspectos que en este momento no se pueden concretar”.

Teniendo en cuenta este guirigay, y en base a la CNMV, el despacho de abogados recomienda que bancos y firmas de inversión tengan claro el contenido del borrador de Directrices para poder afrontar el periodo transitorio “con el mínimo riesgo regulatorio posible”.

Esto es, que a los inversores se les empezará a cuestionar sobre sus preferencias de sostenibilidad desde hoy, aunque solo de una forma aproximada e iniciática. Tras este primer paso, la gran revolución ‘verde’ del sector financiero se oficializará hacia la próxima primavera.