Judith Mora

Browne, que acaba de regresar de España tras reunirse con autoridades de ese país, dijo que, a título personal, cree que "existen posibilidades" de que la Comisión Europea (CE) permita que ese tipo de transacciones se queden en el Reino Unido tras la salida británica del bloque comunitario.

"Pienso que hay potencial en este área para llegar a algún tipo de compromiso, por el cual mucha de la actividad se quedaría aquí, pero con supervisión de la eurozona", afirmó.

"Esto requeriría que el Gobierno británico hiciera concesiones en cuanto a soberanía y que la UE las hiciera en pro del pragmatismo económico", sostuvo el enviado especial.

Browne dijo que sus interlocutores en España "escucharon con interés" su mensaje de que, al margen del "brexit", la City debería ser vista como un "activo paneuropeo" y el "centro financiero global de Europa".

Según este exdiputado, las empresas del sector financiero aceptan que, con la marcha del Reino Unido de la UE, habrá "reajustes" y deslocalización de empleos.

Seguramente se pierda el pasaporte financiero -acceso a operar dentro de la UE sin pedir licencias específicas-, pues "está muy ligado al mercado único", concedió.

Sin embargo, la City tiene la esperanza de conservar las llamadas casas de contrapartida central (CCP, en inglés), que intermedian en operaciones en euros y están en su mayoría ubicadas en Londres.

Estas compañías actúan como intermediarias de las operaciones entre entidades y responden en caso de impago de una de las partes, de forma que la quiebra de una de ellas puede tener consecuencias de envergadura para todo el sistema.

En el Reino Unido, se llevan a cabo el 75 % de las actividades de compensación de derivados en euros a nivel mundial, con transacciones por valor de unos 927.000 de euros.

En un discurso el 16 de mayo, la presidenta de política de la Corporación de la City, Catherine McGuinness, defendió que el sector no debería desubicarse tras el "brexit" porque Londres "es el centro global para transacciones en todas las monedas", incluidas el dólar y el renminbi chino.

Además, "es más seguro centralizarlas desde el punto de vista del riesgo sistémico" y, en conjunto, es más eficaz y barato, arguyó.

"Las pruebas indican que el desarraigo en masa y traslado al extranjero de parte del sector -del procesamiento de transacciones en una moneda específica- no solo sería muy complicado, sino también muy dañino y potencialmente desestabilizador", aseguró.

La CE está preocupada porque, con el "brexit", estas entidades dejarán de estar bajo la normativa europea, y hay países de la UE que argumentan además que la gestión de transacciones en euros debería ubicarse en la eurozona.

El pasado 4 de mayo, la Comisión adelantó que en junio propondrá medidas bien para reforzar la supervisión comunitaria o exigir que se trasladen a la Unión Europea las CCP.

El objetivo de Bruselas es mantener, una vez que Reino Unido se marche, el control sobre estas entidades, que desempeñan un papel cada vez más importante en la gestión de riesgos en el sistema financiero internacional.

Su importancia se ha multiplicado desde que Bruselas, siguiendo lo acordado en el G20, obligó a que los contratos con derivados que no se negocian en la bolsa, sino entre dos partes privadas, pasasen por estas centrales, de forma que hoy en día gestionan el 62 % de todos los contratos mundiales (337 billones de euros).

La empresa ubicada en Londres que se vería más afectada por cualquier cambio sería LCH -controlada por el grupo gestor de la Bolsa de Londres London Stock Exchange Group-, que gestiona 850.000 millones diarios de intercambios en euros.

A la espera de que la CE se pronuncie sobre el futuro de este negocio, Browne reconoce que la "City" también afronta el escollo de convencer al Gobierno británico que salga de las elecciones del 8 de junio de darle un trato prioritario.