El pleno de la Eurocámara ha aprobado este jueves de forma definitiva el primer marco normativo a escala de la UE para poner coto a la "ley de la selva" de las criptomonedas. Las nuevas reglas, que entrarán en vigor en julio de 2023, tienen como objetivo mejorar la protección de los inversores, aumentar la transparencia en el sector y mitigar los riesgos de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo o evasión de sanciones.

La comisaria de Servicios Financieros, la irlandesa Mairead McGuinness, sostiene que las nuevas reglas "son absolutamente vitales para el sistema financiero".

"En los últimos meses hemos visto el colapso de proyectos como FTX, Terra Luna, Ceilsius y Voyager. Hemos visto a muchos inversores minoristas, engañados con falsas promesas, perdiendo enormes cantidades de dinero. Y aunque el criptomercado quizá sea demasiado pequeño para generar riesgos sistémicos, cada vez tiene más vínculos con los servicios financieros tradicionales", dijo MacGuinness durante el debate previo a la votación.

Las nuevas reglas "marcan el final de la ley de la selva del mercado no regulado de las criptomonedas y el comienzo de una nueva era de un mercado de las criptomonedas mas seguro y regulado", ha dicho el eurodiputado de Catalunya en Comú, Ernest Urtasun, que ha sido uno de los ponentes parlamentarios. "La falta de regulación ha dado lugar a pérdidas masivas para muchos pequeños inversores y ha proporcionado un refugio seguro para los defraudadores y las redes criminales internacionales", ha denunciado.

El nuevo marco legal aprobado por la Eurocámara consta de dos normas: el reglamento sobre transferencia de fondos (TFR) y el reglamento sobre mercados de criptoactivos (MiCa). El reglamento sobre transferencia de fondos impone a los proveedores de servicios de criptoactivos la obligación de recopilar datos sobre el ordenante y el beneficiario de las transferencias de criptoactivos, independientemente de su informe.

Es lo que ya exige la legislación de la UE para las transferencias bancarias. El objetivo es garantizar la trazabilidad de las transferencias de criptoactivos, de modo que puedan detectarse y bloquearse las posibles transacciones sospechosas. El reglamento impone además obligaciones a las criptoempresas para que mitiguen los riesgos de blanqueo de capitales y evasión de sanciones.

Por su parte, el reglamento sobre mercados de criptoactivos exige que los proveedores de este tipo de servicios que atienden a clientes europeos deberán estar establecidos en la UE, y sujetos a la autorización y supervisión por parte de las autoridades nacionales competentes.

Los consumidores estarán mejor informados sobre los riesgos, los costes y los gastos vinculados a sus operaciones. Además, el nuevo marco legal apoya la integridad del mercado y la estabilidad financiera al regular las ofertas públicas de criptoactivos. Por último, el reglamento incluye medidas contra la manipulación del mercado, el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y otras actividades delictivas.