Un pequeño país de Centroamérica está provocando un vuelco en las finanzas globales. Al menos así lo pretenden los forofos de las criptomonedas, que quieren usar la adopción del bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador para acelerar su entrada en las reservas de los bancos centrales, lo que supondría un más que decisivo respaldo institucional para su desarrollo.

La estrategia por la que han optado estos entusiastas del bitcoin no pasa por interpelar directamente a los bancos centrales, cuyo objetivo es defender la solvencia de su moneda fiduciaria local. El blanco lo han puesto en los gobiernos de los países que, sin llegar al extremo de El Salvador, se han venido mostrando más favorables hacia el uso de las criptomonedas por parte de sus ciudadanos.

El objetivo es que países como Nueva Zelanda, que fue el primero del mundo en aprobar que sus ciudadanos pudieran cobrar sus salarios en bitcoins allá por agosto de 2019, reconozcan que la criptomoneda reina debe tener la consideración de “divisa extranjera”. Y con este fin ya han comenzado a ejercer presión institucional por cauces incluso más adecuados que los que usan algunos ministerios españoles sobre algunos supervisores.

Objetivos menos evidentes

Aunque esta designación no parece tener más implicaciones que la de certificar lo ocurrido en los últimos días en la pequeña república centroamericana, lo cierto es que van mucho más allá de eso. El reconocimiento del bitcoin como divisa extranjera supondría su puerta de entrada en las reservas del banco central cuyo país le otorgue este calificativo.

Si bien la designación no tendría por qué implicar una incorporación inmediata, desde la industria se da por hecho que el movimiento facilitaría una mayor inversión local en bitcoin que empujaría a las instituciones a considerar cada vez con más seriedad estos activos. En este sentido, sí que una de las consecuencias más apremiantes sería el establecimiento de una tasa de cambio de referencia entre la divisa fiduciaria local y el bitcoin.

Hasta el momento, la iniciativa más contundente en este sentido se ha orquestado en Nueva Zelanda, promovida por el think tank local Lobby, que ha remitido una carta a la primera ministra Jacinda Arden. No obstante, también se están gestando movimientos en esta misma línea en otros lugares como India y Nigeria.

En opinión de varios analistas y empresarios del sector, no es casualidad que se hayan colocado en el blanco de la iniciativa precisamente dos países que recientemente han restringido la operativa con criptomonedas. Y es que, pese a estos obstáculos, varias plataformas de negociación señalan que la adopción de las criptos entre su población se mantiene imparable.

Reconocimiento legal

La misiva remitida al despacho de Arden en el Palacio del Parlamento de Wellington explica que “Nueva Zelanda clasifica el bitcoin como un activo en lugar de una divisa”. A la luz de lo ocurrido en El Salvador, desde Lobby consideran que sería “altamente adecuado y apropiado que el Gobierno neozelandés reclasificase ahora el bitcoin como una divisa extranjera reconocida por la ley”.

No obstante, la misiva no profundiza en las implicaciones monetarias que la declaración podría conllevar. En su lugar, simplemente insisten a la cabeza del Gobierno neozelandés en que “es fundamental que cumpla con sus obligaciones como aliado de todas las naciones soberanas”. Además, apunta que cuando se retome el turismo internacional “es razonable suponer que muchos neozelandeses y salvadoreños viajarán entre cada país”.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Reuters

Además, el reconocimiento del bitcoin como divisa extranjera supondría alterar su actual tratamiento fiscal tanto para sus inversores como para los comercios que eventualmente aceptasen pagos directamente en esta criptomoneda. Del mismo modo, se podría plantear la contratación o el diseño de productos financieros usando esta nueva “divisa extranjera”.

Aunque se tratase de un movimiento aislado de un único país, las consecuencias podrían ser mucho mayores que la propia adopción del bitcoin por parte de El Salvador. Eso sí, siempre y cuando se tratase de un país con peso en el panorama económico mundial. Algo que desde el sector se sigue poniendo en duda, especialmente hasta que la adopción en el país americano no se consume, lo que está previsto para el próximo 7 de septiembre.

Efecto dominó

Y es que El Salvador solo ocupa el puesto 107 de una lista de 189 países por PIB, según mediciones del Fondo Monetario Internacional (FMI). Además, su población apenas suma 6,3 millones de habitantes, de los cuales el 77% ni siquiera dispone de una cuenta de ahorro y lleva usando el dólar estadounidense como moneda legal desde 2001, cuando relevó al depreciadísimo colón salvadoreño después de más un siglo.

En este sentido, la ley que establece que el bitcoin sea moneda de uso corriente incluso contempla excepciones. No se verán obligados a aceptarla aquellas personas o comercios que “por hecho notorio y de manera evidente no tengan acceso a las tecnologías que permitan ejecutar transacciones en bitcoin”. Aunque no se especifica más al respecto.

Esta puntualización genera dudas de que el revuelo montado desde hace dos semanas por el presidente del país, Nayib Bukele, vaya a quedarse más en fuegos de artificio y un sistema para atraer inversiones extranjeras que en un cambio real que provoque un efecto dominó. Unas suspicacias alimentadas por motivos como que una ley tan disruptiva quepa en solo dos páginas y prometa la residencia para cualquiera que invierta en el país el equivalente tres bitcoins.

Una cantidad que se traduce en poco más de 100.000 euros al cambio actual, que de momento se sigue estableciendo desde las plataformas de negociación de criptomonedas. Habrá que esperar, al menos tres meses para ver si cambian las reglas y empieza a ser cosa de las instituciones monetarias nacionales.

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