La agencia de calificación de riesgo S&P Global Ratings ha emitido un comunicado esta tarde en la que avisa de que la fragmentación del apoyo parlamentario al nuevo Gobierno podría influir en la capacidad de España de afrontar sus retos en el largo plazo. 

"Puede limitar la capacidad para gobernar de manera eficaz y oportuna, sobre todo para abordar los retos económicos en el largo plazo, como es la consolidación presupuestaria", remarcan. 

S&P también anuncia que la propuesta del Partido Socialista de absorber parte de la deuda de Cataluña no va a influir en la calificaciones crediticias de España (A/Estable/A-1).

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"Esto se debe a que nuestros indicadores presupuestarios de referencia se basan en el perímetro de las Administraciones Públicas, que ya incluye tanto las cuentas de la Administración Central como las de las Comunidades Autónomas", añaden. 

El pasado viernes, Moody's avisó de que los acuerdos de Sánchez con ERC y Junts podrían afectar de forma negativa al 'rating de España'. La agencia también apuntó que los acuerdos serán positivos para las Comunidades Autónomas, especialmente para Cataluña, por la quita de la deuda y la creación de un nuevo marco fiscal para la región. 

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EL ESPAÑOL-Invertia adelantó este lunes que el 'riesgo moral' de las quitas de la deuda de las CCAA preocupa a los inversores. Moody's alertó de ello en el informe que presentó el pasado viernes. 

S&P también hace énfasis en que el amplio apoyo que ha necesitado Sánchez para ser investido presidente puede provocar que, cualquiera de los partidos, también los pequeños, puedan bloquear la aprobación de una ley. En este aspecto, matizan que esto podría pasar incluso en políticas que garanticen que la deuda del PIB "siga una deuda descendente". 

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Si bien S&P ha reconocido que el Ejecutivo remitió en octubre a la Comisión Europea un borrador presupuestario, su condición de interinidad le impidió formalizarlo. Además, la agencia ha añadido que "la flexibilidad fiscal de España se ha visto condicionada por las decisiones del Gobierno saliente", en concreto, por revalorizar las pensiones conforme al IPC, "lo que será caro".

"La primera prioridad de la Administración será aprobar el presupuesto para 2024. Esto va a implicar que tome decisiones difíciles sobre cómo eliminar costosamente las medidas anticrisis que se aprobaron tras el estallido de la guerra de Ucrania", añaden.