La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) "comprobará" si el grupo saudí Stc ha aplicado correctamente o no la normativa europea en su compra de acciones e instrumentos financieros para alcanzar el 9,9% del capital social de Telefónica y convertirse así en el principal accionista de la compañía.

Preguntadas por qué la compra del paquete accionarial y de instrumentos financieros contemplados en la operación -4,9% en acciones y un 5% en instrumentos financieros- han pasado inadvertidas y no han quedado reflejadas en los registros de la CNMV, las mismas fuentes han indicado que "existen especificidades y exenciones parciales".

"Las participaciones significativas y el deber de notificarlas se recogen en una norma europea y en su transposición española. Existen algunas especificidades y exenciones parciales para las posiciones que construyen las entidades financieras. La CNMV comprobará que la norma se ha aplicado correctamente en este caso, como no puede ser de otro modo", ha indicado la CNMV.

[Bruselas señala que la normativa de la UE permite vetar operaciones como la de Stc en Telefónica]

La normativa contempla que los bancos cuentan con una exención de la CNMV por la que no tienen que registrar las participaciones en empresas si no superan el 3% del capital social de la sociedad y son para hacer trading.

En este contexto, la CNMV asegura que "comprobará" que esta adquisición de acciones de Telefónica se atiene a la normativa.

Reunión

El presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, y el consejero delegado de la compañía, Ángel Vilá, viajaron este miércoles a Arabia Saudí para reunirse con los máximos directivos de STC, según publica Europa Press.

El nuevo plan estratégico 2023-2026 que Teléfonica presentará el próximo 8 de noviembre en su 'Investor Day' (Día del inversor), así como la exposición de las principales magnitudes financieras de la operadora española han figurado en el epicentro de ese encuentro.

Otro de los temas principales que previsiblemente habrían tratado está ligado al 'escudo antiopa' del Gobierno, por el cual el Ejecutivo tiene que dar permiso a los inversores extracomunitarios que pretendan adquirir más del 10% de una empresa estratégica cotizada.

Sin embargo, este umbral se rebaja al 5% en el caso de empresas con intereses en el ámbito de la defensa nacional, como es Telefónica.