El Gobierno mantiene sus planes de que la reforma del mercado de valores esté en vigor antes de que termine el primer trimestre de 2023. Así lo han confirmado fuentes del Ejecutivo a este periódico a pesar de las críticas que el proyecto de ley ha recibido del sector financiero, además de los grupos parlamentarios, en el Congreso de los Diputados.

El Proyecto de Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión se encuentra en tramitación parlamentaria. Y más concretamente en la fase de comparecencias en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Congreso. Una vez concluida esta fase, la nueva normativa pasará al periodo de enmiendas.

Un periplo nada sencillo, según dejaron ver los grupos parlamentarios en sus interpelaciones a los diferentes participantes en la sesión celebrada este martes. Uno de ellos fue Gonzalo García Andrés, secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa.

García Andrés considera que este Proyecto de Ley “es esencial, oportuno” y “fruto de mucho trabajo técnico”, en el que no solo ha participado el Ministerio de Economía, sino también “la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y todos los participantes del mercado”.

En su opinión, este “es el cambio que necesita el mercado de valores español actualmente”, a pesar de que no suponga darle la vuelta a la legislación, "porque ya era muy sólida".

Cambios

El Consejo de Ministros aprobó a finales del pasado junio el anteproyecto de Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, cuyos objetivos principales son favorecer la financiación no bancaria de las empresas y aumentar la protección de los inversores.

Entre otras cuestiones, la reforma, que incluye tres reales decretos de desarrollo, actualiza el régimen de renovación del presidente, vicepresidente y los consejeros de la CNMV para homologarlo al de las principales instituciones europeas y domésticas. De esta forma, se amplía el mandato en la presidencia del regulador de los mercados españoles de cuatro a seis años, pero se elimina la posibilidad de renovar en el cargo.

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El cambio legislativo pone el foco en las sociedades cotizadas con propósito para la adquisición (las SPAC, por sus siglas en inglés). Para garantizar la protección de los inversores frente a estas figuras propone reformar la Ley de Sociedades de Capital con el objetivo de dar certeza al reembolso de las inversiones en estos vehículos.

Además, modifica la regulación de las empresas de servicios de inversión, las conocidas como ESIS, para adaptarla al nuevo marco normativo europeo, que establece unos requisitos prudenciales y de supervisión distintos para estas entidades en función de su tamaño, riesgo sistémico e importancia económica.

Asimismo, da poderes a la CNMV para imponer sanciones a las entidades que no cumplan con las obligaciones establecidas en el reglamento europeo de criptoactivos -MiCA, del inglés Market in Crypto Assets- desde el momento en que esta norma sea aprobada.

Gracias a ello, tan pronto como se apruebe el mencionado reglamento, entrará en vigor el régimen sancionador y la CNMV contará inmediatamente con las competencias de supervisión necesarias para garantizar la protección de los inversores y la estabilidad financiera en este ámbito.

Criticas del sector

A pesar de que el presidente del regulador español, Rodrigo Buenaventura, ha abogado por tramitar la reforma del mercado de valores "sin demora", en su intervención reclamó al Gobierno mayor independencia de la institución que preside en lo que a contratación de plantilla se refiere.

Pero no solo tomaron la palabra el presidente de la CNMV y el secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, también lo hicieron diferentes representantes del sector financiero español. Y fue para criticar algunos aspectos de la reforma.

El principal blanco de las críticas es la obligatoriedad de adhesión de las empresas de asesoramiento financiero al Fondo de Garantía de Inversiones (Fogain). Según el presidente de su patronal, Fernando Ibáñez, esto supone una amenaza para este tipo de compañías.

Es la misma opinión que tiene el presidente del Consejo General de Colegios de Economistas de España, Valentín Pich, ya que introduce más costes "innecesarios" para los asesores.

Es el mismo sentir, aunque centrado en las gestoras de fondos de inversión que hay en Inverco, la patronal del sector, que cree que el régimen de aportaciones debería recaer sobre las entidades cuyos clientes estén protegidos por dicha garantía.

Por ejemplo, la gestión de los planes de pensiones no está cubierta por el Fogain, pero las gestoras que desarrollan esta actividad están obligadas a realizar la parte de aportación fija, que oscila entre los 20.000 y los 40.000 euros.

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Así lo expresó Elisa Ricón Holgueras, directora general de Inverco. Según apuntó “hay muchas trabas y cuestiones que deberían eliminarse porque necesitamos una industria más competitiva” en un mercado único europeo como es el de la gestión de fondos de inversión. En este sentido, ha subrayado que un 45% de los activos gestionados en España están en manos de gestoras extranjeras.

Desde Inverco han presentado 25 propuestas diferentes, entre las que también se incluye una modificación del Fogain. Algunos grupos parlamentarios han pedido su remisión para intentar tratarlas como enmiendas, como también ha sucedido con las peticiones de la CNMV.