La montaña rusa que dibuja la gráfica de cotización de Berkeley Energía se anota subidas del 55% en las dos últimas sesiones. La minera sigue de rally una vez que ha recibido el visto bueno del Ministerio para la Transición Ecológica para la renovación de la autorización inicial de su planta de concentrados de uranio en Retortillo, en la provincia de Salamanca.

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Este visto bueno, en realidad, no consiste en otra cosa que prorrogar una autorización previa que ya se había concedido hace cinco años y que se agotaba sin que Berkeley hubiera podido iniciar los trabajos en la zona. No obstante, la clave está en que facciones de Unidas Podemos se habían situado radicalmente en contra de aprobar esta renovación.

El diputado de Unidas Podemos y presidente de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Juantxo López de Uralde había reclamado que el Ministerio debía "poner fin a la minería del uranio en España y desechar definitivamente el proyecto de Berkeley en Salamanca, que no debe llevarse a cabo". Unas exigencias que el departamento que conduce Teresa Ribera ha preferido desatender en esta ocasión.

Trayectoria previa

No obstante, este visto bueno era más una formalidad que otra cosa, ya que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ya se había mostrado a favor de conceder esta renovación el pasado mes de julio. Entonces, el organismo especialista del sector consideró que las circunstancias y características referentes a la planta de concentrado de uranio eran las mismas que se recogían en la autorización previa emitida en 2015.

Además, la semana pasada, el Tribunal Supremo confirmó la legalidad de la autorización previa para el desarrollo de la planta de concentrados de uranio en Salamanca. Lo hizo al desestimar un recurso de casación planteado por Foro de Izquierdas - Los Verdes y Adeco Ecologistas en Acción. Así, se confirmaba una sentencia previa emitida por la Audiencia Nacional.

Denuncia

Ante la amenaza de más trabas burocráticas para su proyecto salmantino, Berkeley Energía denunció en octubre que "la prohibición de actividades en España sin motivos justificados es contraria a la Constitución y a los derechos legales reconocidos por otras instancias internacionales". En este sentido, apuntaba a la eventual prohibición de proyectos nucleares por ley en todo el territorio español.

En esta línea, Berkeley insistió en que ya contaba con "derechos legales, válidos y consolidados para la investigación y explotación de sus proyectos mineros, incluida una licencia minera válida por 30 años (renovable por dos períodos más de 30 años) para la mina de Salamanca". Asimismo, apuntó a sus "más de 120 permisos otorgados previamente e informes favorables por parte de las autoridades competentes a nivel local, regional, federal y de la Unión Europea".