Anglo Pacific Group ya es dueño de menos de un 5% de Berkeley Energía. El grupo minero británico ha informado de la reducción de cartera al supervisor australiano, un movimiento que a primera hora de este jueves se ha notificado también a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

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El gigante minero ha notificado que su inversión en Berkeley Energía pasa del 6,92% al 4,96%. Una sonora reducción de cartera que deja a Anglo Pacific Group como dueño de 12,83 millones de acciones de la cotizada en Madrid. Esta posición está valorada en 6,42 millones de euros en función de su precio actual de mercado.

En la notificación remitida al supervisor de la Bolsa de Sídney, donde las dos compañías están admitidas a negociación, se recoge que toda la posición inversora es a través de acciones de la compañía. Nada a través de derivados financieros con derecho a voto.

Una semana después

Asimismo, el formulario que luego se ha replicado para la CNMV señala que la desinversión se produjo el pasado 4 de septiembre. Aquel mismo día, según consta en el documento, se dio cuenta del movimiento al supervisor australiano. Una semana después ha llegado el aviso como información relevante para el supervisor español.

La desinversión del grupo británico se produje justo cuando Berkeley Energía parecía al fin avanzar en sus planes para establecer una mina de uranio en la localidad salmantina de Retortillo. De hecho, este proyecto es el responsable de que la minera solicitase en el verano de 2018 la admisión a negociación de sus acciones en el parqué español.

Pendientes del Gobierno

El pasado 11 de agosto, la compañía recibió la esperada licencia urbanística del Ayuntamiento de Retortillo para desarrollar todo el proyecto que la compañía tiene en la localidad salmantina. De este modo, la cotizada ya tiene permiso para el desarrollo de todo el proyecto a excepción de la parte radiológica, para lo que requiere el visto del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

En este sentido, el organismo ya ha mostrado su opinión favorable a renovar una licencia que previamente se había concedido por el Gobierno pero que no había sido posible ejecutar por la falta de licencias sobre el terreno. Ahora, la pelota está sobre el tejado del Ministerio de Transición Ecológica, liderado por Teresa Ribera, que está recibiendo presiones de los socios de Unidas Podemos para rechazar el proyecto.