El necesario ajuste de plantilla tras la fusión de CaixaBank y Bankia, que previsiblemente se aprobará en consejo este fin de semana, puede encontrarse con un obstáculo para favorecer que buena parte del proceso sea voluntario, ante los planes del Gobierno para endurecer las prejubilaciones.
Es cierto que aún es pronto para hablar de cifras oficiales de ajuste. Pero la banca de inversión calcula que la entidad resultante de la fusión tendría capacidad para ajustar entre un 50% y un 75% de los empleos de cada oficina cerrada. Miles de empleados que pasarían posiblemente a formar parte de un nuevo Expediente de Regulación de Empleo (ERE) del sector bancario español.
Por la experiencia de procesos similares anteriores, los sindicatos confiaban hace apenas unos días en que, aunque las negociaciones serán largas y duras, finalmente se conseguirá un buen acuerdo que permita adhesiones voluntarias.
Salidas voluntarias
Por ejemplo, en el último ERE de CaixaBank, un 33% de las más de 2.000 bajas previstas solicitaron su salida de forma voluntaria, lo que llevaría a pensar que un nuevo ajuste también sería bien acogido por la plantilla. Sin embargo, los sindicatos advierten de que esto solo será así si hay buenas condiciones en materia de prejubilaciones.
Por eso, las plantillas temen toparse con los planes del Ejecutivo para desincentivar las prejubilaciones, como propuso el ministro José Luis Escrivá durante su comparecencia ante la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados.
Escrivá instó a extender la edad efectiva de jubilación, que actualmente se sitúa en 64,6 años, con decisiones orientadas a quitar incentivos para las prejubilaciones o a bonificar el retraso voluntario de la jubilación.
"Si el Gobierno endurece las normas de prejubilación, será más difícil aplicar un ERE voluntario", ha indicado a Europa Press un representante sindical.
Los representantes de los trabajadores todavía no se han reunido con la dirección de CaixaBank o Bankia, y tampoco esperan hacerlo hasta que se apruebe la operación, primero por los consejos de administración y después por las juntas extraordinarias de accionistas, que teniendo en cuenta los plazos legales no se reunirán, como mínimo, hasta mediados de octubre.
Desde los sindicatos aseguran que se volcarán en preservar el empleo y que solicitarán medidas no traumáticas para las plantillas de ambos bancos. De hecho, apuestan por aprovechar la operación para dotar de más plantilla a las oficinas que se mantengan para mejorar el servicio a la clientela.