Nuevo episodio en la guerra que mantiene la familia Martínez Sampedro contra los fondos de inversión que tomaron el control de Codere a comienzos de 2018. Los fundadores de la empresa de juego presentaron el pasado viernes ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) un nuevo escrito -el sexto en menos de 20 meses- aportando pruebas adicionales que apoyan la denuncia que presentaron en febrero de 2020.

En 2018, los fondos se hicieron con la gestión de Codere tras lograr el apoyo de una serie de consejeros independientes. La familia fundadora de Codere -que en 2017 cedió el control accionarial a estos fondos, pero no la gestión- denuncia que estos fondos liderados por Silverpoint (con el 21% del capital) deberían haber lanzado una opa para hacerse con el control.

Entre otras cosas, porque consideran que este movimiento se produjo tras una concertación entre los fondos para quitar a los Martínez Sampedro de la dirección, al mismo tiempo que los consejeros no actuaron de manera independiente en todo el proceso, más bien al dictado de Silverpoint y los otros tenedores de capital.  

Los fundadores de Codere, que poseen el 18,5% del capital del grupo de juego, solicitaron la intervención la CNMV, "a fin de imponer el cumplimiento de la legalidad" y para que estableciera si hubo incumplimiento, o no, de la ley de opas.

La ley de opas establece que, ante una situación de este tipo, el accionista que toma control del consejo y de la compañía debe lanzar una opa supervisada por la CNMV, que permita al resto de accionistas liquidar su participación frente a este nuevo escenario.

Norman Sorensen, presidente no ejecutivo de Codere.

Relación con Albella

No obstante, y después de casi dos años, la CNMV sigue sin mover ficha. "Como con todos los escritos que recibimos, estamos estudiando lo que dicen en sus escritos y cuando terminemos el análisis, les contestaremos", indican desde el regulador a este diario.

Ello, pese a la presentación de una serie de documentos y un discovery realizado en EEUU que permitió acumular pruebas que, incluso, han salpicado al presidente del regulador, Sebastián Albella.

En este punto, la tesis de los fundadores de Codere es que Albella y su equipo no están actuando con la celeridad que debieran en el tema, por sus vinculaciones con el despacho de abogados Linklaters. Albella fue director de la oficina de este bufete en Madrid hasta 2016, fecha en la que se incorporó a la CNMV. Hasta esta fecha asesoró a Codere en la reestructuración de su deuda y posteriormente, el despacho siguió trabajando con Silverpoint.

En 2014, un grupo de fondos de inversión compraron la deuda bancaria y los bonos de Codere y negociaron con los Martínez Sampedro la refinanciación de su deuda forzando una reestructuración financiera e imponiendo el canje de la mayor parte de esa deuda por acciones, mediante una ampliación de capital. Un proceso asesorado por Linklaters y en el que Albella estuvo inmerso.

Ante las denuncias de los fundadores de Codere, desde el entorno de Linklaters se indica que la influencia de Albella fue mínima y que su participación solo llegó al 1% del total de tiempo dedicado por el despacho a esta asesoría.

José Antonio Martínez Sampedro, uno de los fundadores de Codere.

Renovación en la CNMV

Por otro lado, desde el entorno de los Martínez Sampedro se indica que el propio Albella ha dicho que está totalmente inhibido en el tema y que el 'caso Codere' está siendo gestionado por la vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Ana Martínez-Pina.

Sin embargo, en su escrito de agosto (el quinto que se presentó) los Martínez Sampedro presentaban nueva documentación -correos electrónicos entre los fondos y sus abogados- en que se incluían comentarios sobre una entrevista mantenida en la CNMV entre Albella y el presidente de Codere elegido por los fondos, Norman Sorensen.

Estamos ante una situación que podría perjudicar la renovación de Sebastián Albella en el regulador. Su mandato y el de su vicepresidenta finalizan entre octubre y noviembre, si se tiene en cuenta el momento en el que accedieron al puesto. Para esa fecha Moncloa debería decidir su renovación y su sustitución.

Las fuentes consultadas indican que no hay nada decidido, pero que en cualquiera de los casos es el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su equipo económico los que tomarán la decisión. Un movimiento en el que quizás puedan pesar las vinculaciones de Albella con Linklaters en la 'guerra' de Codere.

En cualquier caso, en este sexto escrito presentado el viernes por los fundadores de Codere se pone en evidencia el escaso avance que la CNMV está realizando respecto del caso. Los Martínez Sampedro denuncian en este documento al que ha tenido acceso Invertia, que los gestores de la compañía están ocultando a los consejeros de la familia los requerimientos "meramente informativos" que el regulador está realizando a Codere.

Un local de Codere, en una imagen de archivo.

Sexto requerimiento

"Con estas conductas, es evidente que se persigue confundir a la CNMV y evitar que las más que probables falsedades que contienen dichas respuestas enviadas a la CNMV, puedan ser detectadas por los denunciantes y puestas en evidencia ante el supervisor", dice el escrito de los fundadores de Codere que todavía conservan sillones en el consejo, pero en absoluta minoría.

Por otro lado, advierten en este nuevo escrito que al ser de dominio público las actuaciones practicadas por la Audiencia Nacional en relación con el caso que vincula al Banco Popular y al despacho Linklaters, se puede hacer pública información de este mismo despacho en relación a sus vínculos con Codere.

"Los hechos objeto de nuestras ampliaciones de denuncia realizadas el 22 de julio y el 24 de agosto de 2020, en relación con la prestación de servicios de asesoría legal por parte de Linklaters al señor Sorensen durante el año 2017 y primeros días de enero del 2018, prestación puesta de manifiesto a través de diversos correos que se adjuntan en nuestro escrito de 22 de julio de 2020".

"Así como la total opacidad sobre a quién se facturaron dichos servicios, y quiénes fueron todos los miembros de Linklaters que prestaron ese asesoramiento, son cuestiones que se solicita sean objeto de un requerimiento a Linklaters para que entregue al supervisor la hoja de encargo y honorarios con el destinatario final de la factura, así como una certificación de quiénes han sido los profesionales de Linklaters que han participado en dicho asesoramiento, por lo que tiene de valor probatorio en relación con la falta de independencia del señor Sorensen, y de los otros consejeros supuestamente independientes involucrados".

Los Martínez Sampedro sostienen que la factura pagada a Linklaters por los fondos de inversión podría haber sido finalmente abonada por la propia Codere.

Sebastián Albella, atendiendo a la prensa, en una imagen de archivo. J.L.Cereijido Agencia EFE

Pérdida de valor

Codere es una multinacional con sede en Madrid que opera juegos privados de azar autorizados (bingos, casinos, hipódromos, salas de apuestas, salas de juego, máquinas y juego online) desde 1980. Es la única empresa española de su sector que cotiza en la Bolsa de Madrid desde 2007.

La facturación del año 2019 fue del orden de los 1.400 millones de euros. Tiene presencia en siete países (España, Italia, México, Panamá, Colombia, Uruguay y Argentina) y una plantilla de algo más de 12.000 personas.

Las acciones de Codere cotizaban a 9,5 euros el día de la toma de control por parte de Silverpoint (12 de enero del 2018), representando un valor de capitalización bursátil de más de 1.100 millones de euros. El viernes 31 de enero del 2020, antes del inicio de la crisis Covid-19, la cotización cerró a 2,71 euros, lo que representaba una pérdida de valor de más del 71% de la cotización de partida y situaba su valor de capitalización de mercado en 320 millones de euros. A día de hoy, la cotización de Codere se sitúa alrededor de un euro.