El Gobierno calcula que servirá para incrementar el salario que reciben unos 6 millones de sudafricanos -es decir, más de la mitad de la masa laboral total del país, según las fuentes- que ahora cobran por debajo de esa marca.

El texto sienta "un precedente histórico para la protección de los trabajadores de ingresos bajos", según señaló la Presidencia sudafricana en un comunicado.

El Ejecutivo considera también que es "una plataforma para reducir la desigualdad en la sociedad y las grandes disparidades de salario" existentes actualmente, pese a que los 20 rands por hora apenas dejan el equivalente mensual en unos 3.500 rands (unos 253 dólares).

"La Ley de Salario Mínimo Nacional reconoce que Sudáfrica es una de las sociedades más desiguales (del mundo) y toma nota de la necesidad de erradicar la pobreza y la desigualdad", agregó la Presidencia en el comunicado.

La firma de hoy viene precedida de cuatro años de debate que no han estado exentos de huelgas y desencuentros entre la patronal, los sindicatos y el sector político.

De hecho, el descontento de los representantes de los trabajadores por lo bajo de las cifras propuestas protagonizó en abril pasado la primera huelga general de la Presidencia de Ramaphosa, que arrancó en febrero, tras la salida forzada de Jacob Zuma por escándalos de corrupción.

La extrema desigualdad y la pobreza de Sudáfrica hunden sus raíces en las leyes segregacionistas de los tiempos del "apartheid" y el país no ha logrado corregirlo, pese a llevar casi un cuarto de siglo en democracia.

Además, la nación más industrializada de la región atraviesa, desde comienzos de este año, un período de recesión económica que ha dejado en papel mojado las promesas de recuperación con las que Ramaphosa asumió la Jefatura de Estado.