105.000 euros diarios. Es la multa a la que España se expone por acumular dos años y medio de retraso en la trasposición de la normativa europea sobre créditos hipotecarios. El pasado martes los partidos políticos lograron un avance notable al acordar uno de los principales puntos de fricción para seguir adelante con la tramitación en el Congreso: quién debe pagar los gastos de las hipotecas. Finalmente, los bancos se harán cargo de todos los gastos notariales y el cliente asumirá los de tasación.

Este era uno de los principales escollos para sacar adelante la ley. Pero quedan otros dos puntos que este martes deben ser acordados para terminar 2018 con los deberes hechos y `una multa menos¿ de Bruselas. El primero de ellos es el de la cláusula de vencimiento anticipado, que establece el momento en el que un banco puede iniciar un proceso de desahucio tras ejecutar el crédito. Ahora, las entidades pueden hacerlo si el cliente hipotecario acumula tres impagos continuados.

Según recuerdan desde el partido socialista, el abogado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) determinó el pasado septiembre que cualquier juez nacional puede examinar de oficio esta cláusula y, si la determina abusiva, evitar el desahucio. En principio, la nueva ley hipotecaria establece que se podrá producir el vencimiento anticipado en dos situaciones. La primera, durante la primera mitad de la hipoteca cuando se produzca un impago del 2% del capital concedido o de nueve mensualidades. En la segunda mitad, cuando se haya impagado el 4% del capital o doce mensualidades.

Estos son los umbrales que apoya el Partido Popular. Pero el PSOE y Ciudadanos propusieron que los impagos tengan que ser del 5% y el 10% del capital en la primera y en la segunda mitad del préstamo respectivamente. Por su parte, Unidos Podemos intentará que el porcentaje de impago necesario para que un banco pueda activar el vencimiento anticipado sea del 10% durante toda la vida de la hipoteca. La norma también pretende que el interés de demora sea, como máximo, de tres veces el legal del dinero, es decir, un 9%. En este punto hay más consenso, aunque en las enmiendas iniciales Ciudadanos abogó por suprimir esta cláusula.

El otro punto de desencuentro entre los partidos es el de la venta de productos cruzados por parte de la banca cuando un cliente contrata una hipoteca. La norma redactada por el Ejecutivo anterior, y sobre la que se está trabajando ahora, establece que los bancos no podrán obligar a los clientes a contratar productos como seguros cuando contratan una hipoteca. Pero sí cuando estas contrataciones tengan un beneficio como la reducción del tipo de interés del préstamo. Es decir, la ambigüedad del texto permitiría a la banca mantener el sistema actual en el que los tipos más atractivos llevan aparejada cierta vinculación o contratación de otros productos por parte del cliente.

La nota discordante en este punto de la nueva ley la ha puesto el PNV, que pretende que el único seguro obligatorio cuando se contrata una hipoteca sea el de incendios, además de que cualquier otro se pueda contratar con un tercero sin que se modifiquen las condiciones de la hipoteca.

Las fuentes consultadas coinciden en que si se produce un mínimo retraso en la negociación de estos dos frentes, sería imposible llegar a fin de año con la norma aprobada. Sobre todo por motivos de calendario. Desde los partidos recuerdan que, una vez pactado, el texto tiene que remitirse al Pleno y después pasar al Senado para su aprobación. ¿Con el puente de diciembre y los festivos de Navidad sería casi imposible llegar antes de fin de año¿, reconocen.