Esta opción se la van a plantear, creen los asesores fiscales consultados, aquellos gobiernos regionales que tengan sobre todo los tipos impositivos más bajos. Es el caso de Madrid, Canarias, Ceuta y Melilla, del régimen común, y Navarra y País Vasco.

¿Lo estudiarán, añaden, pero si tienen sensatez no seguirán adelante con esa presión¿, asegura Julio Bonmatí, presidente en Madrid de la Asociación Profesional de expertos contables y tributarios de España (AECE). Salvo que tengan que cuadrar sus presupuestos.

Las CCAA tienen unos gravámenes que van desde el 0,5% hasta el 1,5%. Así las regiones mencionadas justificarían la subida aferrándose a que están en la banda más baja.

Sin embargo, antes de lanzarse a ese aumento de la presión fiscal a la banca, ¿deberían entender que como al final el IAJD se va a repercutir, de una forma u otra, las hipotecas terminarán costando más. Si estas son más caras, habrá menos renta disponible, incluso la del propio banco, y consecuentemente caerá el consumo y bajará la recaudación¿. Así describe Bonmatí los efectos de una hipotética subida en los tipos del impuesto.

Más allá de vincular esas decisiones, las de subir el IAJD, a opciones políticas, los expertos entienden que  ¿salvo necesidades de cuadrar los presupuestos¿, las autonomías tendrán ¿sentido común¿.

AJUSTANDO LAS OPCIONES

Los hechos, sin embargo, constatan que las regiones ya están afinando sus posiciones en este terreno tras el Real Decreto aprobado por el Gobierno. Cataluña ha dado el primer paso y, aunque no ha incrementado la presión fiscal a la banca subiendo los tipos, ya que los tiene en el nivel máximo (1,5%), lo ha hecho suprimiendo los gravámenes reducidos para algunos supuestos que contratasen hipotecas. 

En esa misma línea se ha posicionado Castilla y León. Esta comunidad también tiene el tipo más alto en IAJD. Las armas entonces son otras. La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, reconoció que su departamento está estudiando "cómo legislar para que los bancos no se beneficien" de los tipos reducidos que la Junta aplica en el impuesto de las hipotecas para jóvenes, entre otros grupos.