En un comunicado, el organismo explica que en su reunión del pasado día 11 de octubre acordó abrir un expediente administrativo sancionador por infracción muy grave al Banco Popular, a Ángel Ron, así como a los consejeros ejecutivos, los miembros de su comisión de auditoría y a su director financiero en el momento de los hechos, ¿por haber suministrado a la CNMV información financiera con datos inexactos o no veraces en sus cuentas anuales de 2016¿.

El comunicado de la CNMV, que no desvela los datos financieros analizados, podría suponer un serio empujón para los afectados que perdieron su inversión en con la resolución del banco en la madrugada del 6 al 7 de junio de 2017, y que reclaman en los tribunales recuperar su dinero basándose, precisamente, en la falsedad de cuentas de la entidad. El organismo presidido por Sebastián Albella indica, no obstante, que ha acordado suspender la tramitación del expediente por encontrarse el caso en un proceso penal por los mismos hechos, hasta que recaiga un pronunciamiento firme de la autoridad judicial.

Aun así, el comunicado hace referencia, sin detallar, a aspectos de las cuentas anuales de 2016 a los que se refirió la comunicación de información relevante efectuada por la entidad absorbida por el Santander el pasado 3 de abril de 2017, en el que el banco informaba de determinadas cuestiones identificadas por Auditoría Interna relacionadas con los estados financieros de la Entidad a 31 de diciembre de 2016.

Ya en junio de 2018, la CNMV remitió a la Audiencia Nacional un documento en el que quedarían demostradas irregularidades en las cuentas de 2016 del Banco Popular, año de la ampliación de capital. El hecho de que sea un organismo público el que confirme que hubo irregularidades, puede ser clave en los procesos judiciales, especialmente en aquellos cuyo objeto de demanda tienen al ex presidente del Popular, Ángel Ron.

Las primeras sentencias firmes, sin posibilidad de recurso, por el caso Popular apuntan a una misma dirección: la entidad no fue transparente en su situación patrimonial en la ampliación de capital de 2016, condenando ya algunas de ellas al banco a devolver lo invertido a los demandantes.

El presidente del regulador, Sebastián Albella, ya explicó en enero de este año que estaba analizando en qué medida las pérdidas de 12.000 millones de euros presentadas en el primer semestre de 2017 por el Banco Popular son imputables a ese período o corresponden a años anteriores.