Por Foo Yun Chee

El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), presentado como la mayor reestructuración de las leyes de privacidad de datos en más de dos décadas, entró en vigor el 25 de mayo.

Las nuevas reglas, diseñadas para la era digital, permiten a los consumidores controlar mejor sus datos personales y otorgan a los reguladores el poder de imponer multas por los incumplimientos de hasta el 4 por ciento de los ingresos globales o 20 millones de euros, en función de cual sea mayor.

Desde entonces, las autoridades han recibido un aluvión de consultas y reclamaciones por violaciones de la normativa. Solo Francia e Italia registraron un aumento del 53 por ciento en las reclamaciones en comparación con el año pasado, dijo el Supervisor Europeo de Protección de Datos, Giovanni Buttarelli.

"Espero las primeras multas por el RGPD para algunos casos para finales de año. No necesariamente multas sino también decisiones de amonestar a los controladores, imponer una prohibición preliminar, una prohibición temporal o darles un ultimátum", dijo Buttarelli a Reuters en una entrevista.

Los controladores de datos, que pueden incluir redes sociales, motores de búsqueda y comercios online, recopilan y procesan datos personales, mientras que un procesador de datos solo procesa los datos en nombre de los controladores.

Las multas son recaudadas por los reguladores nacionales de privacidad en los diferentes estados miembros de la UE. Si bien Buttarelli no impone multas personalmente, coordina el trabajo de las agencias de privacidad en todo el bloque.

Se podrían imponer multas a cualquier empresa que opere en Europa, sin importar dónde tenga su sede.

"La multa es relevante para la compañía e importante para la opinión pública, para la confianza del consumidor. Pero desde un punto de vista administrativo, solo es un aspecto de la aplicación global", dijo Buttarelli.

Dijo que las sanciones se impondrán en muchos países de la UE y afectarán a muchas empresas y administraciones públicas, pero se negó a proporcionar detalles porque las investigaciones aún están en curso.

Según Buttarelli, no es previsible que estén entre estos casos las denuncias presentadas contra Google, Facebook, Instagram y WhatsApp por Max Schrems, activista austriaco en defensa de la privacidad de datos, que las presentó el mismo día que entró en vigor el RGPD, ya que todavía están en una fase preliminar.

Buttarelli también instó a los países de la UE y los legisladores a superar sus diferencias en la revisión de la directiva de privacidad electrónica que apunta a crear un campo de juego equitativo entre los operadores de telecomunicaciones y los servicios online de mensajería y correo electrónico como WhatsApp y Skype, filial de Microsoft

Aclamada por activistas de la privacidad pero criticada por las compañías de tecnología y algunos países de la UE por ser demasiado restrictiva, la propuesta de privacidad electrónica pretende extender las estrictas reglas de privacidad de las telecomunicaciones a los gigantes de la tecnología.

"La privacidad electrónica es simplemente indispensable. Es esencial, es una pieza que falta en el rompecabezas de la protección de datos y la privacidad. Sería realmente un incumplimiento del deber si la UE no puede actualizar poco antes de las elecciones (al Parlamento Europeo) sus normas sobre La confidencialidad de la comunicación ", dijo Buttarelli.

Las elecciones parlamentarias tendrán lugar en mayo de 2019.

"Creo que hay un margen de maniobra para un compromiso sostenible, aunque hay puntos innegociables. Por ejemplo, la extensión de la aplicación de la privacidad electrónica a los servicios OTT, más allá de las compañías de telecomunicaciones, a los gigantes de la tecnología", dijo.

OTT ("over-the-top" en inglés, de libre transmisión) se refiere a los servicios de transmisión de audio, vídeo y otros contenidos audiovisuales a través de Internet. Por lo general, se aplica a empresas como Google y Skype que ofrecen servicios similares a las empresas de telecomunicaciones, pero no son empresas de telecomunicaciones.

El grupo de defensa de los consumidores BEUC dijo que los países de la UE deberían actuar con mayor rapidez.

"Esta ley sería una actualización muy necesaria de las reglas actuales para salvaguardar la privacidad de los consumidores cuando acceden a Internet o usan aplicaciones móviles, así como para proteger la confidencialidad de su comunicación online", dijo el portavoz de BEUC, Johannes Kleis.