Porque la deuda no deja de ser un juego de tiempos. Captar hoy y devolver -o refinanciar- mañana, con el correspondiente pago de los intereses, claro. Por eso, en el caso de la deuda pública, resulta tan tentadora para quienes gobiernan. Porque proporciona recursos en el presente, sin necesidad de atosigar más al `personal¿ con impuestos, mientras las exigencias se posponen a un futuro del que siempre se espera lo mejor para que permita la devolución -o renovación- del dinero que se ha tomado prestado en el pasado.

España ha estrujado este juego en los últimos años. Es otra de las herencias de la crisis y sus urgencias. Ha habido que financiar los déficits públicos que se han registrado, y se ha hecho con deuda pública. A corto plazo -letras-. A medio plazo -bonos-. Y a largo plazo -obligaciones-. Antes de la crisis, el volumen de deuda pública del conjunto de las Administraciones Públicas no llegaba a los 400.000 millones de euros. Ahora brinca el billón de euros, es decir, es casi tan grande como todo el Producto Interior Bruto (PIB) español de un año.

Valiéndose, además, de las ventajosas condiciones de financiación actuales, con los tipos de interés más bajos de siempre, las compras de deuda del Banco Central Europeo (BCE) y la abundante liquidez proporcionada por los bancos centrales, el Tesoro Público ha alargado cuanto ha podido la vida media de la deuda en circulación. Alcanza los siete años y medio, más de un año más que en 2009. 

Para ello, ha acumulado emisiones a largo plazo. Cada vez más. El Tesoro contabiliza ya casi 150.000 millones de euros en títulos de entre 30 y 50 años, más del triple que en 2007. Y 112.000 millones en obligaciones a 15 años, frente a los 44.000 millones de 2007.

Esta apuesta por la deuda a más largo plazo se desglosa en títulos con caducidad en 2037, 2044, 2046¿ y las dos más longevas: 2064 y 2066. Lo dicho, de padres a hijos y nietos.

Y, sobre todo, esta realidad arroja como resultado que España carga con emisiones por valor de 166.000 millones de euros con vencimiento en 2030 y más allá -es decir, hay títulos a 15, 30 o plazos más largos que vencerán antes-. Según los datos del Tesoro, para 2030 los vencimientos ascienden a 28.550 millones. Otros 21.195,6 millones para 2032; 13.305 millones más para 2033; casi 20.000 millones en 2037; 18.061 millones para 2040; cerca de 19.000 para 2041; algo más de 13.000 millones para 2044; otros 16.281 millones para 2046; en 2048, 7.664 millones; 1.000 millones en 2064; y 8.925 millones en la deuda a más largo plazo de todas, la de 2066.

Todas ellas son las cantidades actuales, porque con el tiempo crecerán conforme el Tesoro vaya recurriendo a más títulos con vencimiento en estos años y otros. Pero no es poco que España, ya en 2018, amase una cifra equivalente al 14% de su Producto Interior Bruto (PIB) en deuda pública con caducidad a tan largo plazo.

UNA PESADA CARGA... PARA EL PEOR MOMENTO

La justificación a esta política es clara: aprovechar las extraordinariamente favorables condiciones actuales para financiarse a un coste muy bajo y a muy largo plazo. Tiene sentido financiero, por tanto.

Pero también tiene su punto débil: la hipoteca con la que la `España del futuro¿ ya carga. Y que coincidirá, además, con una época que se promete complicada, porque desde 2030 se sumará al progresivo envejecimiento de la población, la jubilación de los nacidos en el `baby boom¿ y las crecientes necesidades del Estado de financiarse con menos contribuyentes y más personas cobrando una pensión y necesitando atenciones sanitarias.

Estas amenazas son las que explican parte de las advertencias que España ha recibido en las últimas semanas por sus volúmenes de deuda pública. "España es parte de un grupo de economías de Europa que clasificamos como economías endeudadas. Para estas economías, no sólo recomendamos que eviten políticas fiscales procíclicas, sino que continúen ajustando sus elevados niveles de deuda, que son fuente de vulnerabilidad", aconsejó el Fondo Monetario Interncional en abril. "Los niveles de deuda pública no son sostenibles", denunció igualmente el presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), José Luis Escrivá, también en abril.

Pero la bola de nieve de la deuda sigue corriendo ladera abajo. Sobre todo la de los plazos más largos, la que entra en la jurisdicción absoluta del futuro. Total, ya se encargarán de ella nuestros hijos. Y nuestros nietos.

- España afrontará la retirada de los estímulos del BCE con más deuda pública que nunca