El Congreso de los Diputados ha mostrado este martes su apoyo la proposición de ley que habilita nuevos canales de comunicación en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y en el Banco de España (BdE) para denunciar fraudes cometidos en el mercado financiero.

El texto modifica la ley 10/2014 de 26 junio de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades de crédito y la Ley del Mercado de Valores actual, para dotar a ambos supervisores de nuevas competencias sancionadoras.

A pesar de que este martes se ha debatido en una sesión plenaria la proposición de ley, la votación no se producirá hasta el jueves y, según lo anunciado en el debate, contará con el apoyo del Partido Popular, Ciudadanos y los grupos Mixto y Vasco, y con la abstención de ERC y de Unidos Podemos, mientras que el PSOE no ha desvelado su postura.

La ley da un plazo de tres meses a la CNMV para valorar las denuncias por fraude, le atribuye mecanismos para detectar y sancionar estas infracciones y protege la confidencialidad de los denunciantes.

Sin embargo, en el caso del Banco de España, que también dispondrá de nuevos canales de denuncia, los diputados de la oposición han afeado que no garantizan el anonimato.

El diputado del Grupo Popular Miguel Ángel Paniagua ha explicado que esta ley "favorece" las denuncias por infracciones de los usuarios ante los organismos de supervisión financiera, al otorgarles "más derechos irrenunciables", y ha apuntado que el nuevo texto se adapta al Reglamento General de Protección de Datos (GDPR).

Sin embargo, desde las filas del PSOE, Gonzalo Palacín ha considerado que es "favorable y necesaria" la aplicación de esta ley, ya que hay que "dotar de más mecanismos" a los supervisores financieros.

En Ciudadanos, Vicente Ten ha señalado que, pese a que esta norma "tiene un objetivo correcto", el Gobierno hace "las cosas tarde y mal" y presenta una normativa con "falta de contenido" al no abarcar la creación de un organismo que "evite fraudes".

Para el diputado de Unidos Podemos Alberto Montero el "problema" es que esta proposición de ley "no garantiza" la protección de los denunciantes.

Por el Grupo Vasco, Idoia Sagastizábal ha explicado que las autoridades "deben poseer herramientas necesarias contra quienes cometen fraude".