"Una Unión Económica y Monetaria más fuerte requiere en primer lugar y por encima de todo acciones decisivas a nivel nacional y el cumplimiento total de nuestras normas comunes", dice el texto publicado por el Gobierno holandés.

En el documento, los ocho Estados expresan sus reticencias a emprender reformas de "gran calado" como las que proponen la Comisión Europea y el Ejecutivo francés de Emmanuel Macron, insisten en que cada país debe reforzar su propia economía y se oponen a que se transfieran competencias nacionales importantes a la Unión Europea (UE).

En concreto, insisten en que los países deben seguir implementando reformas estructurales respetando las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento -que fijan límites de déficit y deuda públicos- y creando colchones fiscales que permitan atajar las recesiones a nivel nacional.

Subrayan que hay que centrarse en las iniciativas que tienen mayor consenso entre los países, en particular completar la unión bancaria y convertir el Mecanismo Europeo de Estabilidad (el MEDE, fondo de rescate de la eurozona) en un Fondo Monetario Europeo.

Sin embargo, en lo que respecta a la unión bancaria, solo se muestran dispuestos a mantener discusiones técnicas sobre el Sistema Europeo de Garantía de Depósitos -principal pieza pendiente en el proyecto pactada desde 2015 pero aún sin implementar- y las políticas, dicen, deberían comenzar solo cuando los países hayan reducido lo "suficiente" los riesgos de sus sectores bancarios.

En este sentido, insisten en que aún deben constituirse colchones adecuados para sufragar rescates internos de las entidades, hacer provisiones sólidas frente a préstamos morosos, abordar la regulación de la exposición de las entidades a la deuda soberana y mejorar los procedimientos de insolvencia nacional.

También, dicen, debe continuar la discusión técnica para completar el cortafuegos del fondo europeo de resolución bancaria.

En cuanto al MEDE, están abiertos a convertirlo en un fondo monetario con mayor responsabilidad en los futuros rescates financieros, pero advierten de que "la toma de decisiones debe permanecer firmemente en manos de los Estados miembros".

Es decir, que debe mantenerse la estructura intergubernamental sin incluir al MEDE en los tratados europeos, opción que prefiere la Comisión y que supondría, entre otras cosas, un mayor escrutinio parlamentario.

Además, abogan por introducir un marco para la reestructuración "ordenada" de la deuda soberana en aquellos países que tengan "niveles insostenibles" de deuda.

Por otro lado, defienden que en el próximo presupuesto plurianual, los fondos europeos deberían centrarse más en impulsar reformas estructurales en los países, pero "reflejando las restricciones presupuestarias" de las futuras cuentas.

El documento no contempla la creación de un presupuesto propio de la eurozona o un mecanismo para proteger las inversiones que permitan responder a la crisis en un sólo país.

Holanda, los países nórdicos y los bálticos han abogado tradicionalmente durante la crisis financiera por un estricto control presupuestario y se han opuesto a crear mecanismos que supongan mutualizar pérdidas o riesgos entre los países.

Irlanda, por el contrario, tuvo que ser rescatada, lo que hace en cierta medida inusual su alianza con los otros siete países.

La postura expresada por estos contrasta con la de Francia, Italia, España, Portugal y otros Estados dispuestos a profundizar en la eurozona, e incluso con la de Alemania, que tradicionalmente se ha alineado con Holanda pero en los últimos meses se ha mostrado abierta a hacer mayores avances.

Esto anuncia choques en las próximas negociaciones para la reforma, dónde Alemania, Francia o España esperan pasos este mismo mes. EFECOM

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