Se trata de la primera vez que este tipo de delito se recoge en el informe anual del Centro de Inteligencia Financiera de la Policía nipona y llega a raíz de la entrada en vigor el pasado abril de una normativa pionera que regularizó las criptomonedas como forma de pago en el país asiático.

La nueva legislación obliga además a los operadores de moneda digital a informar a las autoridades de las transacciones sospechosas de estar relacionadas con el lavado de dinero.

Estas transacciones delictivas con criptomonedas supusieron el 0,2 % de los más de 400.000 casos registrados.

Japón es el segundo país con mayor volumen de mercado de criptomonedas, y en él operan 16 casas de intercambio registradas en la Agencia de Servicios Financieros (FSA) y otras 16 que se encuentran a la espera del visto bueno del regulador financiero.