Denominada "Ley para el fomento de la transparencia en las estructuras salariales", el grueso de la norma entró en vigor el pasado julio, pero su principal herramienta se aplicará desde este sábado.

Es el derecho de los empleados, tanto hombre como mujeres, a pedir información sobre el sueldo que perciben sus colegas del sexo opuesto que realizan el mismo trabajo o actividades similares.

"Es una cuestión de justicia que en nuestra sociedad y en nuestro mundo laboral exista paridad entre hombres y mujeres", subrayó al ser aprobada la ley la entonces ministra de Familia, la socialdemócrata Manuela Schwesig.

Las empresas con más de 200 trabajadores deberán facilitar a la persona que lo solicite información sobre el sueldo de otros empleados, aunque sin revelar salarios concretos, sino únicamente la mensualidad media bruta de al menos cinco colegas del sexo opuesto con el mismo tipo de trabajo.

Las empresas con más de quinientos empleados deberán además examinar regularmente su estructura salarial y el cumplimiento de la paridad en los sueldos e informar de ello en documentos accesibles a todos los empleados.

Según el Ministerio, en Alemania los hombres cobran de media un 21 % más que las mujeres; incluso en el caso de personas con cualificaciones formales y un perfil idéntico, la diferencia salarial sigue siendo del 6 %.

La ley alemana comenzará a aplicarse cinco días después de la entrada en vigor de una pionera norma aprobada por el Parlamento islandés en junio, que obliga a las compañías o instituciones con al menos 25 empleados a demostrar que pagan el mismo salario a hombres y mujeres por igual trabajo.

La legislación establece distintos plazos para ajustarse a las nuevas normas de acuerdo con el tamaño de la empresa o institución, con diciembre de 2021 como fecha límite.

Los empleadores recibirán una certificación estatal si demuestran la equiparación de salarios; en caso contrario, serán sancionados con multas diarias, cuya cuantía no ha sido fijada.

Las nuevas normas fueron aprobadas como enmienda a un artículo de la ley sobre equiparación de estatus y derechos entre mujeres y hombres, que data de 2008 y en la que se recogía ya la posibilidad de sanciones diarias de hasta 50.000 coronas islandesas (unos 400 euros).