Fuentes parlamentarias y del Ejecutivo han confirmado a EFE que el veto del Gobierno se presentó en el registro del Congreso cuatro minutos más allá del plazo de un mes que tenía para registrarlo, lo que en la práctica impide a la Mesa aceptar el escrito del Gobierno.

La Constitución otorga al Gobierno la capacidad de oponerse a la tramitación de las proposiciones de ley que, a su juicio, afectan a los ingresos o gastos presupuestarios como, a su juicio, sucede con esta iniciativa para que los ayuntamientos con las cuentas saneadas puedan invertir su superávit.

Para ello, tiene un mes desde que se le remite la proposición de ley para comunicar al Congreso su veto a la tramitación de la iniciativa, como era este caso.

Las fuentes del Gobierno consultadas por EFE han reconocido su "error" y avanzan que intentarán que la proposición de ley cause el menor daño posible en las cuentas públicas durante su tramitación parlamentaria.

De momento, no ven posibilidades para un recurso, dado que efectivamente se presentó fuera de plazo, lo que justifican por un retardo de la plataforma de registro electrónico.

Así las cosas, la Mesa del Congreso ha decidido no aceptar el escrito de veto a iniciativa de Unidos Podemos, por lo que la iniciativa será llevada a debate a un próximo pleno de la Cámara Baja.

"El PP registro el veto a la ley para reformar la regla de gasto fuera de plazo por cuatro minutos y tras pelearlo en la mesa del Congreso conseguimos que se declare nulo y que la ley siga viva. Son malos hasta para hacer el mal", se ha felicitado el diputado de Unidos Podemos Segundo González en su perfil de Twitter.

También la portavoz del grupo Irene Montero ha celebrado que el veto del Gobierno haya sido rechazado y ha defendido su propuesta para que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, "deje de asfixiar y sabotear a los ayuntamientos".

"Seguiremos poniendo sensatez frente a las chapuzas de Montoro", ha señalado.

En el escrito que remitió al Congreso el Ejecutivo fuera de plazo aseguró que con la desaparición de la regla de gasto desaparecería el superávit de los consistorios, que cifra en 6.847 millones de euros.

"Si desapareciera ese superávit habría que hacer un ajuste equivalente de 6.847 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado", esgrimía el Gobierno entre los argumentos que expone para pedir que la proposición de ley fuera vetada. EFECOM

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