El Tesoro Público también sufre la creciente tensión del órdago independentista de Cataluña. En las tres emisiones de bonos que ha celebrado este jueves, el Estado se ha visto obligado a incrementar la rentabilidad ofrecida al punto de que por las mismas cantidades que captó antes del referéndum en idénticos vencimientos, está ahora forzado a pagar a los inversores 23,14 millones de euros más.

La presión del pulso soberanista se ha dejado sentir especialmente en los bonos a tres años, los de vencimiento más próximo de cuantos se han colocado este jueves. De las rentabilidades negativas, que reportan ingresos a las arcas públicas, conseguidas en las últimas subastas, a tener que asumir un tipo marginal del 0,074%. En otras palabras, el Estado ha pasado de calcular ingresos de más de 480.000 euros a afrontar la salida de caja fuerte de más de 2,55 millones de euros por la misma cantidad.

No obstante, el paso a tipos positivos ha provocado un mayor apetito inversor con el resultado de un mayor volumen adjudicado y una salida de caja fuerte estimada en algo más de cuatro millones de euros. Descontando este efecto, y tomando como referencia el volumen uniforme el de la anterior emisión, la factura asciende a más de tres millones de diferencia.

El 21 de septiembre fue la fecha en la que se celebró la última subasta de bonos a tres años. Entonces, cuando pocos pronosticaban las dimensiones que alcanzaría el enfrentamiento entre la Generalitat de Cataluña y el Gobierno central, se logró atraer inversores incluso con tipos en su contra del 0,014%.

Antes, el 7 de septiembre se celebró la adjudicación a diez años más próxima a la celebrada este jueves. En este caso, el salto ha sido de 1,548% a un 1,639%. En puntos básicos, se trata de la diferencia más amplia entre las referencias colocadas hoy: nueve arriba. Los inversores que se hayan hecho con bonos de este rango en la adjudicación del jueves se llevarán 9,10 euros más por cada 1.000 invertidos que aquellos que hicieron lo mismo a principios del mes pasado. Siempre sin contar los cupones asociados, la diferencia total en términos homogéneos roza los 12 millones de euros.

En medio, papeles con una vida residual de ochos años de una emisión que originariamente tenía vencimiento en 15. La última vez que el Tesoro sacó a subasta estos títulos fue en julio del año pasado, cuando tuvo que ofrecer una rentabilidad del 1,071% a los inversores. Este jueves, con fecha de amortización un año más cerca, el tipo marginal ha ascendido al 1,144%, según datos ofrecidos por el propio organismo. La diferencia ha sido de 0,073 puntos porcentuales.

El resultado en términos contantes para los recién estrenados tenedores de estos papeles es, redondeando, de 5,84 euros más por cada 1.000 invertido frente al que obtendrán los que compraron estos papeles el pasado 7 de julio de 2016. En cifras comparables usando de referencia el volumen de la anterior colocación, la diferencia contra las arcas públicas españolas es de 8,21 millones. Así, la media de estas tres emisiones de bonos se traduce en 5,86 euros más por cada 1.000 euros de financiación obtenida por el Estado.

LA DEMANDA CAE Y LOS VOLÚMENES SE RESIENTEN

Los efectos adversos del clima de tensión provocado por el órdago secesionista del Gobierno regional de Puigdemont se han traducido también en la caída de los volúmenes adjudicados en la cita de este jueves con la excepción mencionada. El menor apetito inversor ha elevado los tipos y a la par ha resultado en cifras más raquíticas en ocho años con 965,21 millones de euros adjudicados frente a 1.406,3 millones de la anterior cita y 1.018,32 millones en papeles a una década frente a los 1.307,6 millones de la emisión precedente.