La institución explica que ha recibido quejas que ponen de manifiesto estas demoras, por lo que con la actuación iniciada pretende mejorar la puntualidad en la contestación a las consultas tributarias.

El Defensor del Pueblo también ha pedido información sobre las medidas que se están llevando a cabo para eliminar estas demoras que, además del incumplimiento del plazo marcado por la ley, suelen acarrear un coste económico para los contribuyentes.

En su escrito, la institución solicita información relativa a los tres últimos años relacionada con el personal adscrito a la contestación de consultas y el tiempo medio empleado en la resolución de cada tipo de consulta.