Este tipo de embargos se han reducido además un 34,8 % desde el trimestre anterior, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El número total de viviendas -habituales y de otro tipo- que fueron objeto de una ejecución hipotecaria se elevó a 6.937, un 24,2 % menos que en el trimestre anterior y un 42,3 % menos que un año antes.

Las inscripciones de certificaciones por ejecuciones hipotecarias iniciadas en los registros de la propiedad en el segundo trimestre se elevó a 13.605, un 20 % menos que en el trimestre anterior y un 35,2 % menos que en el mismo periodo de 2016.

Entre las viviendas de personas físicas con ejecución hipotecaria, 2.788 eran habituales en propiedad (un 56,8 % menos que en el mismo trimestre de 2016) y 864 no eran residencia habitual de los propietarios (un 48,1 % menos).

Si se toma como referencia el total de viviendas familiares existentes en España en el segundo trimestre (18.505.200), el 0,02 % iniciaron una ejecución hipotecaria en ese periodo.

Por la naturaleza de la finca, las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas concentraban el 51,0 % del total; un 20,5 % de todas las ejecuciones hipotecarias eran viviendas habituales de personas físicas, un 24,1 % correspondía a viviendas de personas jurídicas, y un 6,4 % a otras viviendas de personas físicas.

Por su parte, las ejecuciones hipotecarias de otras urbanas (locales, garajes, oficinas, trasteros, naves, edificios destinados a viviendas, otros edificios y aprovechamientos urbanísticos) representaban el 36,7 % del total.

En cuanto al estado de los bienes ejecutados, un 17,4 % de las ejecuciones hipotecarias en el segundo trimestre lo fueron sobre viviendas nuevas, y un 82,6 % sobre usadas.

El número de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas nuevas disminuyó un 28,7 % en tasa anual, y el de usadas lo hizo un 44,6 %.

Los datos por comunidades autónomas muestran que aquellas con mayor número de certificaciones por ejecuciones hipotecarias sobre el total de fincas en el segundo trimestre fueron Andalucía (3.581), Valencia (2.694) y Cataluña (1.758), en tanto que Navarra (47), País Vasco (87) y Cantabria (95) registraron las cifras más bajas.

En el caso de viviendas, Andalucía (1.915), Valencia (1.444) y Cataluña (1.014) presentaban el mayor número de ejecuciones, y Navarra (20), La Rioja (40) y el País Vasco (50), las menores.

Si se tienen en cuenta sólo los datos relativos a viviendas embargadas, Comunidad Valenciana (0,11 %), Andalucía y Murcia (ambas 0,10 %) registraban los valores más altos, mientras que el País Vasco (0,01 %) y Navarra (0,02 %) presentaban los más bajos.