Este impuesto, recaudado por los ayuntamientos para gravar la revalorización de los inmuebles, ha sido declarado inconstitucional en estos extremos por parte del Tribunal Constitucional, que anula de esta forma la Norma Foral de Guipúzcoa por un caso en Irún.

Ante la previsible extensión de este criterio al resto de normas locales y la Ley de Haciendas Locales, Ciudadanos registró el pasado mes de febrero una iniciativa en la que pide la modificación de esta normativa, aunque la formación naranja ya anunció que presentarán enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado para 2017 en este sentido.

HACIENDA DEBE REMITIR LA INFORMACIÓN A LOS AYUNTAMIENTOS

Para la devolución de estas cantidades "indebidamente cobradas", Ciudadanos se dirige a Hacienda para que facilite a los ayuntamientos la información necesaria, ya que las administraciones locales no tienen por qué saber si no ha habido ganancias en la compraventa.

"Estos datos los tiene Hacienda, porque en la declaración de la renta hay que declarar estas minusvalías y se tiene que tomar como referencia la declaración catastral", explicó entonces el portavoz de Hacienda de la formación naranja, Francisco de la Torre.