El Gobierno en minoría de Rajoy, que se sumará a las negociaciones entre patronal y sindicatos en una reunión hoy, ha apelado al sentido común de los distintos grupos políticos para que apoyen un decreto que cumple con una sentencia europea.

"Es una directiva europea y toca cumplirla, es nuestra obligación como Estado", añadió sobre una multa a España que según cifras gubernamentales ha costado 21 millones de euros desde 2014 y podría superar en breve los 134.000 euros al día.

Mientras estibadores y empresarios siguen negociando, el Gobierno busca apoyos contrarreloj con los distintos grupos antes del jueves, cuando un eventual rechazo en la cámara baja al decreto ley de liberalización de la estiba constataría la debilidad del Ejecutivo en minoría del Partido Popular.

"Vamos a hacer ese último esfuerzo y para ello el Gobierno va a acudir a la reunión que las partes tienen convocada esta tarde con la vista puesta para facilitar el acuerdo entre patronal y sindicatos", dijo el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en el Congreso.

Ciudadanos se ha mostrado abierto a apoyar el decreto, mientras que Podemos y PSOE afirman que votarán en contra, aunque éste último condiciona su decisión a que haya un acuerdo entre patronal y estibadores.

La amenaza de huelga de los 6.155 estibadores ya ha golpeado la actividad de los 46 puertos españoles, en un país en el que el sector exportador supone un 30 por ciento del Producto Interior Bruto.