Logotipo de Vivendi en su sede central de París, Francia.

Logotipo de Vivendi en su sede central de París, Francia. Gonzalo Fuentes Reuters

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Vivendi busca evitar una multa de la UE por cerrar su acuerdo con Lagardère antes de recibir la aprobación regulatoria

El grupo francés intenta convencer a Bruselas de que no violó las normas antimonopolio en la compra del editor de Hachette.

Más información: Los accionistas de Vivendi aprueban la escisión de Canal+, Havas y Louis Hachette Group.

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Las claves

Vivendi ha defendido ante la Comisión Europea y autoridades francesas su actuación en la adquisición de Lagardère para evitar una posible multa antimonopolio.

La Comisión Europea sospecha que Vivendi cerró o empezó a operar con Lagardère antes de recibir la aprobación regulatoria, infringiendo la llamada 'obligación de suspensión'.

Si se confirma la infracción, Vivendi podría enfrentarse a una multa de hasta el 10% de sus ingresos anuales globales.

Aunque la UE aprobó la compra en 2023 con condiciones, las sospechas de que Vivendi adelantó operaciones motivaron la investigación actual.

El conglomerado francés de medios Vivendi ha realizado un último esfuerzo este miércoles 10 de diciembre para evitar una posible multa antimonopolio de la Unión Europea.

El movimiento viene tras las acusaciones de que Vivendi cerró la adquisición de la editorial Lagardère antes de recibir la aprobación regulatoria.

Vivendi, representada por más de una docena de abogados, presentó su caso ante altos funcionarios de competencia y letrados de la Comisión Europea (CE).

De igual manera, ha realizado la misma acción ante funcionarios antimonopolio franceses, en una audiencia a puerta cerrada que duró una jornada. Los abogados de Lagardère también estuvieron presentes.

La Comisión actúa como el organismo de vigilancia de la competencia de la UE. Esta afirmó en su pliego de cargos del pasado mes de julio que Vivendi infringió la obligación de suspensión establecida en las normas de fusiones del bloque comunitario.

La obligación de suspensión, conocida en inglés como “standstill obligation”, es una norma europea. Esta impide a las empresas que están en proceso de fusión o adquisición integrarse o coordinarse antes de que Bruselas autorice la operación.

La CE sospecha que Vivendi cerró o empezó a operar con Lagardère antes de recibir el visto bueno regulatorio. Esto se considera una infracción de las reglas de competencia, también conocida como gun jumping (‘actuar antes de tiempo’).

Logo de Vivendi en una de sus sedes.

Logo de Vivendi en una de sus sedes. Reuters

Vivendi ha rechazado las acusaciones. Sin embargo, se arriesga a una multa de hasta el 10% de sus ingresos anuales globales si es declarada culpable de infringir las normas de la UE.

La CE mantiene una postura firme contra las infracciones procesales. En los últimos años, ha impuesto fuertes multas sobre este asunto. Será en este 2026 cuando la Comisión emita su decisión.

En junio de 2023, la CE aprobó la adquisición de Lagardère por parte de Vivendi, pero con condiciones clave. Entre dichos condicionantes estaba la desinversión de activos editoriales como Editis y otras publicaciones.

Este requerimiento fue para asegurar la competencia en el mercado de la edición en lengua francesa, dado que Vivendi ya poseía activos en esas áreas.

Esta aprobación fue un paso decisivo para la consolidación de medios en Francia, al permitir a la compañía liderada por Arnaud Roy de Puyfontaine tomar el control de Lagardère.

Estand de Hachette Livre en la Feria del Libro de Frankfurt en 2025.

Estand de Hachette Livre en la Feria del Libro de Frankfurt en 2025. Thomas Liptak Creative Commons

El Grupo Lagardère tiene a Hachette Livre, la tercera editorial más grande del mundo y líder en el país galo. En España, tiene marcas como Anaya, Alianza Editorial, Bruño y Ediciones Salvat.

A pesar de la aprobación de la CE, los indicios de que las operaciones entre Vivendi y Lagardère comenzaron antes de su visto bueno son los que han incitado a la investigación.