Así lo expone en un nuevo auto, fechado este lunes, en el que reconoce que la medida, que sí ordenó el pasado viernes, era "excesiva" y no fue proporcional.

El magistrado recula después de haber recibido un informe de la Comisaría General de Información (CGI) de la Policía Nacional, que recoge los evidentes perjuicios de esta medida. "Se ha constatado un hecho notorio que el instructor no puede ignorar y que es la posible afectación de múltiples usuarios ante una eventual suspensión y con ello debe  plantearse si la medida resulta o no proporcional", razona el magistrado.

Y pese a que Pedraz reconoce que Telegram alberga actividades delictivas, que vulneran la propiedad intelectual, por ejemplo, también admite que "son más que múltiples usuarios de todo tipo (particulares, empresas, funcionarios, trabajadores en general…) que han optado por utilizarla, al brindarles unos beneficios que otras plataformas no dan".

De hecho, Pedraz ordenó el pasado viernes el bloqueo de Telegram a petición de Atresmedia, Movistar Plus y Mediaset, que denunciaron la continua vulneración de la propiedad intelectual que las tres empresas sufren en la plataforma, ya que en la app se comparten frecuentemente enlaces para ver contenidos de pago de forma pirata. Se trata de emisiones como partidos de fútbol o competiciones de Fórmula 1.

El juez Santiago Pedraz en una imagen reciente. Europa Press

"Si se acordara la suspensión, lo cierto es que supondría un claro perjuicio a aquellos millones de usuarios que la utilizan (la gran mayoría, sin vinculación alguna con actividades ilícitas), pues, además de haber residenciado multitud de datos a los que ya no podrían tener acceso, en muchos casos se les impediría realizar labores de índole profesional", reconoce ahora el magistrado, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

"Además, como se sigue del informe policial, la medida cautelar contra Telegram tendría un cierto impacto económico para las empresas o sociedades que desarrollan gran parte de su actividad comunicativa a través de esta plataforma, puesto que la consideran un canal fiable y seguro contra intervenciones no deseadas", admite el juez.

Perjuicio económico

A renglón seguido, indica que "lo mismo podría decirse" de todo tipo de grupos, asociaciones o entidades que funcionan gracias a esta plataforma de mensajería instantánea. "Podrían estimar que ello afectará a sus mecanismos y procesos organizativos, al privarles de una vía o canal de comunicación rápido y de gran alcance a su mercado diana", explica el auto.

"No se trata de libertad de expresión o información, sino si la medida es o no proporcional. Y lo que se constata, por lo dicho y después de dictar el auto, es que la medida sería excesiva y no proporcional", se desdice ahora el juez.

Asimismo, Pedraz reconoce que existe una forma de esquivar el bloqueo (utilizar una red VPN o un proxy), lo que provocaría que los usuarios pudiesen seguir consumiendo el contenido pirata denunciado por las tres corporaciones.

Por todo ello, "procede dejar sin efecto la suspensión acordada", indica ahora el juez, cuyo apellido llegó a convertirse en trending topic en Twitter cuando, el pasado viernes, acordó la tan polémica medida cautelar. La decisión de Pedraz no llegó a ejecutarse y, finalmente, Telegram no ha sido bloqueada ni un solo minuto en España.