Esto implica mantener invariable la definición de productor independiente, el motivo que provocó la ruptura entre PSOE y Unidas Podemos en el Congreso. Además, también llevó a los socios parlamentarios habituales del Ejecutivo, como ERC, a votar en contra de un texto que inicialmente contaba con el beneplácito del partido catalán tras llegar a un acuerdo sobre la producción en lenguas cooficiales en las plataformas digitales.

Según han confirmado fuentes conocedoras a EL ESPAÑOL-Invertia, el Gobierno ha decidido no aceptar ninguna de las enmiendas que proponían devolver a su redacción la definición original y buscar una solución a este conflicto en la futura Ley del Cine, que el Ejecutivo tiene previsto llevar al Congreso a finales de este año.

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Lo ocurrido el pasado miércoles en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Senado durante el dictamen de la ponencia del proyecto de Ley da una pista de lo que ocurrirá en el Pleno del miércoles. El texto fue aprobado tal cual salió del Congreso con los 13 votos a favor del PSOE y el PNV, cuatro en contra de ERC, Junts y Geroa Bai y la abstención del PP y la senadora independiente Ruth Goñi.

Una votación que se espera que se repita en el Pleno del próximo miércoles, ya que previsiblemente el Partido Popular volverá a abstenerse como ya hizo en el Congreso de los Diputados para permitir que la ley salga adelante. Además, tampoco está previsto que se vaya a introducir ninguna nueva enmienda con el objetivo de evitar que vuelva a tener que pasar por la Cámara Baja.

Ley del Cine

Queda descartado, por tanto, que se modifique en esta ley la polémica definición de productor independiente que provocó la división del Gobierno en el Congreso. Y eso que hasta ocho partidos de distinto signo político habían presentado en el Senado enmiendas al proyecto para cambiar este artículo.

El Gobierno ha optado por resolver este conflicto, que ha puesto en pie de guerra a la industria cinematográfica española, en la próxima Ley del Cine, que iniciará su trámite parlamentario antes de que acabe el año y en la que asegura que el sector verá mejor reflejadas sus reivindicaciones que en la ley Audiovisual.

El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, durante el homenaje a los museos de Ucrania organizado con motivo del Día Internacional de los Museos, en el Museo Nacional del Prado, a 18 de mayo de 2022, en Madrid A. Pérez Meca Europa Press

Hace unos días, Miquel Iceta, ministro de Cultura y Deporte, quiso tranquilizar al sector asegurando que el Gobierno "entiende" sus quejas. "Quedamos emplazados para la Ley del Cine para mejorar aquellos elementos de la definición de producción independiente que el sector plantea", incidió Iceta, quien aseguró que la nueva Ley Audiovisual no hará "retroceder" al sector ni a los productores independientes.

Asimismo, ante las críticas del resto de partidos por el cambio en la definición de productor independiente, Xoaquín Fernández, portavoz del Grupo Socialista en el Senado, incidió en que la Ley Audiovisual hay que entenderla "en un contexto más amplio" y recordó que en la Ley del Cine dicha definición es "mucho más rígida". "Yo espero que algunos de los temores expresados no lleguen a hacerse realidad", añadió.

Según ha denunciado el sector, la definición que hace la Ley Audiovisual permite a un productor que esté vinculado a un grupo audiovisual tener categoría de independiente si realiza una serie o película para otras grandes compañías con las que no tenga vínculos. Así, por ejemplo, un productor vinculado a Atresmedia podría generar contenido para Mediaset y tener categoría de independiente y viceversa.

La Plataforma Audiovisual de Productores Independientes afirma que esto podría suponer "el final de una industria floreciente y estratégica" para el país. Así, advierte de que esta modificación pone en riesgo 25.000 empleos, de los que se pueden perder más de 17.000 y precarizar los 7.000 restantes. Además, asegura que deja indefensos al talento y a los creadores frente a los grandes conglomerados corporativos.

Denuncia ante el TJUE

Otro de los motivos que ha llevado al PSOE a no aceptar ninguna enmienda y aprobar la Ley Audiovisual tal cual salió del Congreso ha sido la denuncia de la Comisión Europea a España ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo (TJUE) por el retraso en su aprobación, después de que el Ejecutivo ignorara dos avisos previos.

La norma es la encargada de incorporar a la legislación española las disposiciones de la directiva comunitaria sobre servicios de comunicación audiovisual, cuyo plazo de transposición vencía el 19 de septiembre de 2020. Bruselas no sólo pide al TJUE que condene a España por este retraso, sino también que se le impongan sanciones financieras, cuyo importe no se ha hecho público.

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Aprobar cuanto antes el texto es precisamente uno de los motivos que ha llevado al Partido Popular a decidir abstenerse en el Pleno del Senado como ya hizo en el Congreso, lo que garantiza la aprobación del texto para su inminente publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En la Comisión celebrada el pasado miércoles, el senador del Partido Popular Javier Puente se mostró crítico con la decisión del Gobierno de recurrir al procedimiento de urgencia para tramitar una ley que llega con tres años de retraso. No obstante, explicó que su partido se abstendrá para evitar que los fondos europeos queden bloqueados por este retraso y las sanciones del TJUE.

"Necesitamos contar con un Gobierno eficaz, que no se vea forzado a tramitar todo de urgencia. No es de recibo que seamos uno de los cinco últimos países en aprobarlo. Debemos dejar el furgón de cola en Europa, también en la Ley Audiovisual", incidió. Puente remarcó que en el PP han demostrado ser "un partido de Estado", como refleja su apoyo a las iniciativas que tienen que ver con la transformación digital del país.