En el caso concreto de la capital andaluza, la intención del Ayuntamiento puede quedar en nada: entra en juego la titularidad del edificio de la plaza, que pertenece al Estado. Y la responsable en esta materia, María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, ya ha dejado claro su rechazo.

"Privatizar el espacio público no puede ser la respuesta para el cuidado y preservación de la Plaza de España de Sevilla, una joya cultural que pertenece a todos y a todas. Desde luego, el Ministerio de Hacienda no se va a prestar a ello", aseguró este lunes la socialista en su perfil de la red social X.

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En declaraciones a EL ESPAÑOL-Invertia, Carlos Garrido, presidente de Ceav, patronal de las agencias de viajes, asegura que rechazan cualquier propuesta que suponga el "cobro por el uso de las calles o la visita de espacios públicos". Asimismo, apunta que "cualquier medida que afecte al turismo debería ser informada y estar previamente consensuada con los representantes del sector".

En cambio, Ricardo Fernández, CEO del Grupo Destinia, señala que una medida como la que propone el consistorio sevillano "ya se ha hecho en otros casos y, a la larga, el turismo no se ha visto perjudicado". "Puede tener sentido", asegura, aunque apunta que la "clave" está en el uso del dinero recaudado.

"No debería suponer una limitación al acceder a nuestro patrimonio, sino una mejor forma de regular su deterioro y conseguir una buena experiencia de los viajeros", explica Fernández.

Lo cierto es que la polémica suscitada a raíz del anuncio del Ayuntamiento de Sevilla ha servido para reabrir, o intensificar, un debate vivo en el sector: la posibilidad de aplicar tasas turísticas ante unos destinos cada vez más masificados. Un instrumento fiscal que grava al turismo con el objetivo de reinvertir lo recaudado en el mantenimiento de esos destinos. Es, a su vez, una herramienta de gestión de los flujos turísticos.

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El cobro por la visita de monumentos no es algo inusual, pero el hecho de que se trate de un espacio al aire libre es lo que ha suscitado la polémica. Y también es lo que lo liga a las tasas turísticas, en tanto que los argumentos a favor (especialmente el de destinar lo recaudado para mejorar la experiencia turística) son parecidos.

Precisamente, la oposición socialista en Sevilla, que como la propia Montero, se ha mostrado en contra de la propuesta, aboga por aprobar una tasa turística en Sevilla, la cual calculan que serviría para recaudar 6 millones de euros al año.

Y es que han sido -y son- los partidos de izquierdas los que, en los últimos años, han abogado por la aprobación de tasas turísticas en los destinos más masificados. En este caso, con el objetivo de resarcir a los vecinos de las ciudades afectadas por las externalidades del turismo.

"La tasa turística es el camino para que el coste del turismo no lo paguen quienes habitan la ciudad. Privatizar espacios públicos como la Plaza de España de Sevilla es dejar cada vez menos espacio para la vida y más espacio para las ciudades turísticas donde especular", apuntaba el partido Sumar a través de su cuenta oficial en X.

El sector turístico, en contra

En España, la principal ciudad que aprobó una tasa turística fue Barcelona, durante la alcaldía de Ada Colau, cuyo partido está integrado en Sumar. Otras ciudades europeas, como Lisboa, París o Roma, también cuentan con este tipo de figuras impositivas. En la Ciudad Condal, la tasa fluctúa entre los 4 y los 7 euros por persona y noche, cifras en un rango parecido a las de otras urbes del Viejo Continente.

Sin embargo, el sector turístico se ha mostrado generalmente en contra de la tasa. Lo hacen, aseguran fuentes del sector, porque se trata de una medida "punitiva" y que, además, no funciona, en tanto que, señalan, gran parte de los ingresos generados no se destinan a mejorar el turismo, sino a cubrir el déficit de los ayuntamientos o a financiar otras cuestiones.

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Para los operadores del turismo, especialmente en el caso de los hoteles, el problema detrás de la masificación son las viviendas turísticas ilegales. Un tipo de alojamiento que, indican, genera impactos negativos en los barrios y afecta a la imagen del turismo en su conjunto, de ahí que defiendan una mayor regulación.

En este sentido, el Gobierno central ha mostrado una posición parecida. En los días previos a Fitur 2024, Rosana Morillo, secretaria de Estado de Turismo, señaló los "problemas de acceso a la vivienda" como una de sus principales preocupaciones en el cargo. Sin embargo, argumentó que son las comunidades autónomas las responsables de la regulación de la vivienda vacacional.