La venta de los viajes del Imserso arranca este martes 20 de septiembre. En total, hablamos de 816.029 plazas que se ofertan para viajar entre octubre de 2022 y mayo de 2023, pero con el riesgo de no cubrir todas las plazas por la falta de hoteles en la zona de costa.

La venta arranca este martes para las personas acreditadas por el Imserso residentes en Andalucía, Cantabria, Cataluña, Valencia, Extremadura, Madrid, Murcia y Melilla podrán reservar sus viajes en las agencias de sus respectivas comunidades autónomas.

El próximo jueves será el turno de los residentes en Asturias, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia, Baleares, Canarias, La Rioja, Navarra, País Vasco y Ceuta.

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Los precios para esta nueva temporada oscilarán entre los 115 euros para una estancia de 4 días y 3 noches en una capital de interior y los 455 euros para estancias de 10 días (9 noches) en zona costera peninsular o Baleares. 

Para la temporada 2022/2023, el plazo de presentación de solicitudes comenzó el 27 de junio de 2022 y terminó el 19 de julio. Los pensionistas y acompañantes que se han acreditado para aspirar a alguna de esas plazas han registrado una cifra récord de 2,6 millones de acreditaciones.

El gran problema este año es que muchos hoteles, especialmente de la costa, han renunciado a participar en el programa social porque con la inflación no cubren costes.

Denuncian los bajos precios que se pagan por habitación. Cada hotel que participa en el programa percibe 22 euros netos por habitación y pensión completa. Una cantidad que no sirve para compensar los elevados gastos que muchos hoteles soportan debido a la disparada inflación (energía, alimentos...). 

Beneficios para el Estado

Las arcas públicas también se benefician de este programa. Se calcula que por cada euro que el Gobierno invierte en los viajes del Imserso recibe 1,56 euros. Ese beneficio lo consigue gracias a que estos viajes favorecen la creación y mantenimiento del empleo en el sector turístico.

Sin estos viajes, muchos trabajadores de estos establecimientos acabarían en el paro por lo que tendrían que cobrar una pensión de desempleo a cargo del Estado. Así, el Gobierno sigue recaudando el IVA, impuesto de sociedades e IRPF y se ahorra el pago del desempleo.